Cerca de mil trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de las empresas Iveco-Pegaso, Arcelor Mittal y BP Solar se concentraron ayer frente a la Asamblea de Madrid, a cuya sede arrojaron piedras, tuercas y cubitos de hielo tras saltarse el cordón policial. 

Los manifestantes se abalanzaron hacia la entrada de la Cámara –que celebraba su sesión plenaria semanal– y también hicieron explosionar petardos al grito de “¡Con nuestro curro no se juega!” y “¡La próxima visita será con dinamita!”, entre otras proclamas. 

Los parlamentarios del PSOE e IU, que abandonaron el hemiciclo después de que la presidenta, Elvira Rodríguez, expulsara del pleno a varias decenas de estos trabajadores y al diputado socialista José Quintana, acompañaron a los concentrados. 

Si bien la Policía Nacional –más de 30 agentes– intentaron contener a los trabajadores de forma pacífica, se vivieron momentos de tensión cuando éstos traspasaron el espacio delimitado para su protesta y se fueron acercando al Parlamento regional.

Con una tuerca en la mano de las que han sido lanzadas, el portavoz del PP, David Pérez, acusó a los manifestantes de perpetrar una "alteración gravísima del orden público contemplada en el Código Penal" y de "impedir la celebración del pleno".

Los trabajadores piden que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, "se implique y aporte medios técnicos y humanos, como están haciendo los presidentes de otras comunidades", para que no se destruya más empleo industrial, explicó a Efe el secretario general de UGT en Iveco, Juan Antonio Garrido.

Reclaman también que el Gobierno regional no apruebe las peticiones de ERE de estas empresas y que aporte fondos para la innovación empresarial y la formación de trabajadores, señaló el representante de CCOO Fructuoso Cuesta.

El ERE de Iveco supondría el despido de 1.000 de sus 2.904 empleados; el de Arcelor alcanzaría al cien por cien de la plantilla (412 trabajadores) y al cierre de la factoría de Villaverde; y el de BP Solar significaría el cierre de los centros de San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos y afectaría a 480 empleados.

Los sindicatos calculan que estos ERE supondrían además el despido indirecto de otros 6.000 trabajadores de empresas auxiliares.