La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió hoy dar trámite a una denuncia por corrupción contra el presidente del país, Otto Pérez Molina, cuyo futuro político depende ahora de una comisión del Congreso que evaluará si le retira o no su inmunidad.
La decisión "unánime" del Supremo fue divulgada este miércoles en rueda de prensa por su presidente, Josué Felipe Baquiax, tras una solicitud de antejuicio contra Pérez Molina planteada en mayo por el diputado opositor, Amílcar Pop, ante el Ministerio Público (MP).
El legislador denunció a Pérez Molina por cuatro delitos relacionados con dos escándalos de corrupción, desarticulados en el ente recaudador de impuestos y el Seguro Social en los últimos dos meses, y por los cuales hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre funcionarios y particulares.
Baquiax adelantó que hoy mismo se remitiría el expediente del caso al Congreso de la República, ente al que "le corresponde formar una comisión" investigadora para determinar si le retira o no la inmunidad a Pérez Molina, cuyo mandato termina en enero de 2016.
El portavoz del Congreso de la República, Fernando Bolaños, confirmó a Acan-Efe que el ente legislativo recibió este miércoles a las 14:30 hora local (20:30 GMT) la resolución del Supremo.
La comisión permanente encargada del Congreso de Guatemala, que se encuentra en receso desde el pasado 15 de mayo, será convocada mañana para conocer el proceso, detalló el portavoz.
Añadió que la comisión permanente, liderada por el presidente del Parlamento, el opositor Luis Rabbé, conocerá mañana mismo el expediente enviado por el Supremo.
Después de eso la Comisión Permanente deberá convocar con 24 horas de antelación a los diputados a una sesión plenaria y conformar, por sorteo, la comisión investigadora que analizará el asunto de la inmunidad de Pérez Molina.
Pop, de la bancada de oposición Winaq, presentó la denuncia penal contra Pérez Molina el pasado 22 de mayo al acusarlo de asociación ilícita, encubrimiento propio, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito por ambas tramas de corruptela.
La solicitud de antejuicio del legislador se debe a la supuesta vinculación de Pérez Molina con los casos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), este último presidido por Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado del mandatario.
Pop ya había presentado en abril pasado una denuncia contra Pérez Molina por el caso de defraudación en el ente recaudador de impuestos, pero la misma fue desestimada por el Supremo.
"Presenté una denuncia por el caso del ente aduanero y la CSJ creyó que no habían suficientes elementos. Añadí el segundo caso de corrupción (en el Seguro Social) y ahora la Corte considera que hay suficientes indicios para abrir la investigación", dijo Pop a Efe.
La primera solicitud del legislador también denunciaba a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo el pasado 8 de mayo por el escándalo en aduanas, que también involucra a quien fuera su secretario privado, Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia.
Las dos tramas de corrupción provocaron una crisis política en el país, con al menos cuatro manifestaciones masivas exigiendo la renuncia de Baldetti y Pérez Molina, y la solicitud de la cúpula empresarial a la exvicepresidenta para que dejara su cargo.
Pérez Molina respondió a esos movimientos descartando una renuncia al cargo y renovando su gabinete de Gobierno.
"Veo al presidente renunciando y eso generará un triunfo en la población", dijo Pop, quien considera "absolutamente inviable" que Pérez Molina se "enfrente a una comisión" en el Parlamento, debido a la "personalidad que ha demostrado" el mandatario desde que asumió el poder, el 14 de enero de 2012.
El gobierno, por su parte, manifestó su extrañeza por la decisión del Supremo, aunque reconoció que la misma está "dentro de la democracia" y apegada a la ley local.
El portavoz de la Presidencia de Guatemala, Jorge Ortega, dijo a Efe que existe "extrañeza" en el Ejecutivo, porque Pérez Molina está obligado por la ley a nombrar a los directivos de la SAT y del IGSS, pero no tiene "ninguna responsabilidad" en la toma de decisiones de los dos organismos.
