Hoy entra en vigor en Japón la controvertida reforma militar, que permitirá a las tropas niponas combatir en el exterior por primera vez desde la II Guerra Mundial, y a la que se opone una parte significativa de la sociedad del país.

La medida fue impulsada por el conservador Partido Liberal Demócrata (PLD) del primer ministro Shinzo Abe y el budista Nuevo Komeito, y se aprobó en la Cámara Alta el pasado septiembre en medio de protestas multitudinarias.

El paquete normativo concede mayores competencias a las Fuerzas de Auto Defensa (Ejército japonés) con el objetivo de que Japón tenga más peso estratégico en el escenario internacional, mientras que sus detractores creen que pone fin al pacifismo que defiende la Constitución.

En particular, la reforma permitirá a las tropas japonesas defender a sus aliados y prestarles apoyo logístico si son atacados y participar en operaciones de seguridad de la ONU y aquellas destinadas a asegurar rutas marítimas o a liberar ciudadanos japoneses secuestrados en el extranjero.

Hasta ahora, esta opción estaba vetada por el artículo 9 de la Constitución que Japón adoptó a instancias de la ocupación estadounidense tras su derrota en la II Guerra Mundial, y que sólo permitía al país usar la fuerza para defenderse.

El gobierno de Abe aprobó en 2014 una reinterpretación del artículo para poder promulgar la nueva legislación, un atajo que evitó el complejo y largo trámite para modificar la Carta Magna, y que despertó un gran descontento entre quienes creen que la reforma acaba con siete décadas de pacifismo en Japón.

"Creo que estas medidas de Auto Defensa son necesarias para que el Gobierno cumpla su responsabilidad de proteger las vidas de los ciudadanos japoneses", afirmó el primer ministro en la víspera, durante una comparecencia ante la Cámara Baja recogida hoy por los medios japoneses.

Estos argumentos no han convencido a la oposición, que sigue rechazando con firmeza la reforma y pretende hacer campaña contra ella en las elecciones a la Cámara Alta del próximo verano, ni a la población, según muestran las encuestas, que continúa dividida al respecto.

Un 49,9 por ciento de los japoneses rechaza la modificación legislativa, mientras que un 39 por ciento está a favor, según una encuesta llevada a cabo el pasado fin de semana por la agencia local Kyodo.

Hoy mismo hay convocada una protesta frente al parlamento nipón por una plataforma estudiantil denominada SEALDs, que ya organizó concentraciones multitudinarias contra la reforma durante su aprobación legislativa, así como por otros grupos.

Tras la entrada en vigor de la reforma, el Ministerio de Defensa detallará los procedimientos para una posible participación de las tropas japonesas en operaciones en el exterior, y llevará a cabo maniobras para este tipo de intervenciones en los próximos meses.

No obstante, el Gobierno no tiene previsto asignar a corto plazo las primeras misiones a las tropas basadas en la nueva normativa, debido a la oposición pública qué esta aún genera, según dijeron fuentes del Ejecutivo a la agencia Kyodo.