Las autoridades turcas han decidido suspender a 12.801 policías por supuesta vinculación con las redes del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de estar detrás del fallido golpe militar de julio pasado.
Así lo informó hoy la Dirección General de Seguridad turca en un comunicado en el que precisa que la decisión fue adoptada en concordancia con la ley del estado de emergencia y que 2.523 de los agentes afectados tienen rangos de oficiales y directores.
Según explicaron varios medios, entre ellos la emisora de noticias NTV y el diario Haberturk, cercano al Gobierno, la decisión se tomó poco después de la pasada medianoche y será transmitida hoy a los policías afectados, que están repartidos por las 81 provincias del país.
No obstante, el mayor número de ellos se concentra en Ankara (1.350), Izmir (570), Diyarbakir (650) y Hakkari (350).
La Dirección de Seguridad investigará a cada policía suspendido, que será a su vez despedido si se verifica su vinculación con la cofradía de Gülen.
Según NTV, en los dos meses y medio transcurridos desde la fallida asonada del 15 de julio unos 130.000 empleados públicos han sido suspendidos de sus cargos.
La semana pasada, el ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag, confirmó la suspensión de 70.000 personas y la detención de 35.000 bajo la ley del estado de emergencia.
Bozdag explicó que estas medidas se han tomado dentro de las investigaciones judiciales para esclarecer las responsabilidades del golpe.
El Consejo de Ministros de Turquía decidió ayer prorrogar otros 90 días el estado de emergencia proclamado el 20 de julio.
El presidente, Recep Tayyip Erdogan, declaró el jueves que puede ser necesario alargar esta situación "hasta 12 meses" para combatir la red de simpatizantes de Gülen, quien vive en Estados Unidos desde 1999, por lo que Ankara ha pedido a Washington su extradición.
Bajo el estado de emergencia, el Gobierno tiene potestad de emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios, sin que estas decisiones puedan ser recurridas ante la Justicia.
