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Miércoles 27/11/2024
 
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El modelo de financiación, una ensalada de cifras que no cuadran

Las cifras del modelo de financiación no hay forma de cuadrarlas: cada comunidad las entiende de una manera y el Gobierno, que sí les ha facilitado una simulación de lo que percibirán, descarta dar a conocer los números a la opinión pública e invita a las autonomías a hacerlo.

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Las cifras del modelo de financiación no hay forma de cuadrarlas: cada comunidad las entiende de una manera y el Gobierno, que sí les ha facilitado una simulación de lo que percibirán, descarta dar a conocer los números a la opinión pública e invita a las autonomías a hacerlo.

Una vez aprobada la propuesta del Gobierno el pasado miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con 11.000 millones de euros adicionales para el sistema para los próximos cuatro años, un 10% del total, cada región hace sus cuentas y algunas exhiben sus números.

Unas difunden las del año próximo, otras las de 2012, las hay que aluden a la financiación per cápita y otras, como Madrid, se niegan en banda a dar “la cifra”, que su presidenta, Esperanza Aguirre, reconoce saber pero no desvela, porque lo importante es la suficiencia dinámica del modelo.

De los 11.000 millones, el Ministerio de Economía y Hacienda abonará este año el 58%, unos 6.380 millones de euros, y en las próximas semanas se conocerá el porcentaje con el que podrán contar las comunidades en 2010, para incluirlo en sus respectivos Presupuestos.

Para los ejercicios 2010, 2011 y 2012 resta el 42%, unos 4.600 millones de euros para todas las comunidades.

Además esa partida incluye y extingue, a partir de ahora, a otras dos que existían anteriormente relacionadas con la sanidad, una de 600 millones de euros anuales para gasto o dotaciones sanitarias y otra de hasta 500 millones para las comunidades que crecieran por debajo de la media del Producto Interior Bruto.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda a Efe, así como que el único impuesto que queda “al cien por cien” estatal es el de sociedades, en tanto que el resto está cedido en un porcentaje o traspasado totalmente a las comunidades o los ayuntamientos.

Cataluña recibirá, como si se tratase de un “gobierno federal”, hasta 4.028 millones de euros más en 2012, según las estimaciones de la Generalitat en base a un crecimiento del 3% anual del índice de ingresos tributarios.

El consejero de Economía, Antoni Castells, también ofreció una proyección a la baja, en base a euros constantes y que no incluye el crecimiento de la economía en los próximos años, en la que Cataluña recibirá 3.687 millones de euros más en 2012.

Desde Baleares, una de las comunidades peor financiadas con el sistema vigente, se esperan unos 500 millones de euros más.

Más claro lo tiene la Junta de Castilla y León, que calcula que le corresponderán unos 317,5 millones de euros en 2009 y 464,2 en 2010 de los fondos adicionales, aunque le es imposible estimar lo referente a 2011 y 2012.

Cantabria cifra en al menos 2.020 millones de euros la cantidad anual que recibirán con el nuevo modelo, 110 millones más que con el sistema en vigor.

La Junta de Castilla-La Mancha cree le corresponden unos 550 millones de los 11.000, en tanto que la de Extremadura dice que percibirán 202 hasta 2011, con lo que la cantidad total les situaría en los 3.456 millones.

La Rioja afirma que recibirá unos 62 millones de euros adicionales, que podrían convertirse en 67 en 2012, mientras que desde la Comunidad Valenciana se estima que serán 1.300.

El Gobierno de Aragón habla de 258 millones más para el 2012, la Xunta de 654 y Asturias de 206 en 2012.

Andalucía percibiría 3.133, de los que 1.795 corresponden a los fondos adicionales, y Canarias unos 400, en tanto que Murcia no aporta cantidades, ni la ciudad autónoma de Melilla, mientras que Ceuta cree que se le asignarán nos 13 millones de euros.

Desde el Ministerio ni confirman, ni desmienten las cifras aportadas por las autonomía e insisten en que dependerán de la evolución de los ingresos, aunque precisan que habrá más recursos para financiar los servicios básicos del Estado del bienestar.

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