Los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres rompieron ayer lazos con la trama de corrupción urbanística, con el cese de algunos de los implicados, y se han volcado en la revisión de los proyectos que se encuentran bajo sospecha.

Estos tres municipios figuran en el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como damnificados por la supuesta trama de corrupción urbanística destapada en la operación Pretoria, que impidió que las arcas de los tres municipios ingresaran 44,7 millones de euros (13 millones Santa Coloma; 17,6 millones, Llavaneres; y 14 millones, Badalona).

La ruptura más clara con la trama corrupta se ha producido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con la renuncia del hasta ahora alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, justo cuando hoy se cumplirá una semana de su detención por orden del juez Baltasar Garzón.

El propio alcalde, a través de su abogado, Fermín Morales, anunció ayer que renuncia al acta de concejal y, por tanto de primer edil, de forma que el Consistorio está ahora a la espera de convocar un pleno extraordinario para elegir al nuevo alcalde, que podría ser Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona y marido de la ex alcaldesa, Manuela de Madre.

Por otra parte, la Fiscalía de Cataluña ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos pelotazos en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria, para que investigue su relación con la trama de la corrupción.

Esa nueva documentación se añade a la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón requirió la semana pasada al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres sobre un convenio urbanístico firmado en el año 2005 con la empresa Niesma, que preside el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García.

Este convenio mencionado por Garzón en su auto, con el que Niesma ganó al menos dos millones de euros por la recalificación de los terrenos de Can Riviere, fue denunciado por el grupo municipal SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Cataluña, que acabó archivando el caso al no apreciar indicios delictivos.