El ex magistrado de Familia Fernando Ferrín Calamita, al que el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) juzgado desde ayer por el presunto retardo malicioso de la adopción de un niña solicitada por una mujer lesbiana, dijo en la primera sesión del juicio que “siempre velé por el interés de la menor”.
Ferrín Calamita, para quien el fiscal solicita 18 años de inhabilitación y multa por un delito de prevaricación, añadió que nunca se movió por criterios ideológicos, “ya que sé distinguir mi función como juez de mi papel como otra persona normal de la calle”.
El magistrado alegó en su defensa que tanto la anterior letrada de V.H., la mujer que solicitó la adopción de la niña, hija biológica de su compañera sentimental, como el fiscal adscrito al Juzgado “nunca recurrieron mis resoluciones, y el secretario tampoco me hizo la menor observación, por lo que no estará tan clara la prevaricación”.
A la pregunta del fiscal sobre el motivo por el que había solicitado un segundo informe sobre la adopción cuando ya disponía de uno emitido por el servicio correspondiente de la Consejería de Política Social, declaró que “lo hice porque ni aquel informe, ni tampoco el que realizó el Gabinete Psico-social, iban al núcleo del asunto”.
El magistrado añadió que “lo que yo quería era un informe documentado en el que se hablara de la repercusión de la adopción en la menor, y a esta petición no se ha contestado”.
Comentó también que “yo, como juez de Familia, tenía que velar por la niña, porque tanto la madre adoptante como la madre biológica son mayores de edad y libres de hacer lo que quieran, pero mi obligación era la menor”.
Manifestó también que “nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el adoptado el que tiene derecho a serlo”, comentario que provocó el aplauso de algunas personas que seguían la vista y que fue cortado de forma rápida por el presidente del Tribunal, Julián Pérez-Templado, quien anunció que desalojaría la Sala si se repetían manifestaciones de este tipo.
Ferrín Calamita declaró en otro momento que el fiscal y la acusación particular “llegaron a un acuerdo, que me transmitió el procurador de los tribunales, y que consistía en que la querella sería retirada si accedía a irme de Murcia y entregaba 10.000 euros al letrado de la querellante”. Esta afirmación fue desmentida por el abogado.
