El Partido Popular consideró ayer que el problema de la defensa de los derechos de autor y la propiedad intelectual en internet no es de falta de legislación sino de recursos, toda vez que los piratas van tecnológicamente “muy por delante” de la Policía y los jueces y fiscales.

Así lo aseguró en rueda de prensa el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, quien mantuvo con directores de medios de comunicación digitales la primera de una serie de reuniones destinadas a exponer la postura del PP a los colectivos a los que atañe la nueva normativa que prepara el Gobierno.

“Nos preocupa que el Gobierno vea internet como un problema y no como una oportunidad", dijo el representante del PP, quien sostuvo que más allá de garantizar la producción de contenidos a través de la defensa de los derechos de autor, sería necesario promover la producción de software nacional pero, sobre todo, dotar de más medios y recursos tecnológicos a la policía y la justicia.

Precisó que su partido está convencido de que “no todo en internet tiene que ser gratis, sino que lo gratis tiene que convivir con alguna forma de pago”, si bien consideró que los contenidos más desprotegidos en la red no son los musicales, sino los cinematográficos y los producidos por medios de comunicación de pago.

González Pons reiteró que se oponen “sin matices” a cualquier intervención en internet “que no venga avalada por decisión judicial”, pues “la Constitución es la misma dentro y fuera de internet y los españoles tenemos los mismos derechos cuando somos paseantes por la calle que cuando somos internautas”.

A su juicio, cerrar páginas web o limitar el acceso a ellas “equivale a un secuestro de una publicación”.

“Tenemos la sensación de que el Gobierno desconoce internet, le tiene miedo y quiere ponerle coto”, criticó, y reiteró lo necesario de incentivar la industria nacional de producción de software también como una forma de proteger los contenidos.

Insistió el responsable del PP en pedir la dimisión de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien a su juicio es “juez y parte” en esta cuestión al pertenecer a uno de los sectores (el cine) “más interesados en que esta cuestión se resuelva de una y otra manera”.