La municipalización del servicio de limpieza anunciada por el alcalde de Málaga hace veinte meses sigue siendo toda una incógnita en un panorama que tiene al 51% de la parte privada inmersa en una prórroga que debió expirar hace casi tres años, que se suman a los trece de concesión de un servicio que nunca pondrá de acuerdo a defensores y detractores.
Demonizar a los socios privados es algo recurrente pero nadie ha de dudar que la empresa privada está ahí para ganar beneficios, a los que en parte hubo de renunciar en la prestación de este servicio.
No en vano, un estudio presentado por FCC, Urbaser, Sando y Unicaja revela que el modelo público presentaría unos costes laborales de 89 millones de euros anuales, un 17% superior a los 74,2 estimados por el Ayuntamiento.
Hacer de Limasa una empresa 100 de titularidad pública acarrearía por tanto consecuencias económicas negativas para el consistorio como limitar su capacidad de endeudamiento o el hecho de tener que asumir millonarias inversiones para adecuar el servicio a sus contínuas y cambiantes necesidades en materia entre otros de maquinaria.
A nivel de plantilla, esa que tantos beneficios y privilegios ha disfrutado en las últimas décadas gracias en parte a la empresa privada, los trabajadores habrían de ser reconvertidos en personal funcionario con el consiguiente proceso que una oposición requiere.
Que se despidan esos mil ocho cientos trabajadores llegado el caso convertidos en personal laboral, de ceder los tratos a sus sucesores para que hereden el puesto como ha ocurrido en las últimas décadas.
Con los plazos en la mano, y dado lo tedioso del proceso, de ver la luz no será antes de las postrimerías del actual mandato, además de que revertir el modelo no sólo no parece que vaya a ser tarea fácil sino que no garantiza a priori que el siempre mejorable servicio de limpieza, pueda mejorar.
