El PSOE de Granada ha advertido este viernes de las consecuencias "demoledoras" de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en la provincia, donde el 95 por ciento de los municipios tiene menos de 20.000 habitantes, y ha reclamado la suspensión de su aplicación después del "varapalo" Consejo de Estado, "que cuestiona su constitucionalidad".
Así lo ha señalado en rueda de prensa la secretaria general de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, quien ha comparecido acompañada de alcaldes socialistas de la provincia.
La dirigente del PSOE ha subrayado que el dictamen del Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de "puntos esenciales" de la ley, respaldando así la iniciativa de ochenta municipios granadinos, que han decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
"Este dictamen da vía libre a los ayuntamientos para presentar su recurso ante el Constitucional e intentar parar la agresión que supone la reforma local para las entidades locales, al limitar su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía", ha afirmado.
En el caso de Granada, los ochenta municipios de la provincia que se sumaron al recurso representan a más de 352.000 habitantes, el 38,2 por ciento de la población provincial, según ha detallado la secretaria general del PSOE, quien ha incidido en que, aunque la mayoría de las localidades están gobernadas por el PSOE, su formación logró también el apoyo de otras fuerzas políticas en otros ayuntamientos.
Teresa Jiménez ha reclamado al PP que suspenda la aplicación de la ley hasta que se produzca el fallo del Constitucional, ya que la norma lleva meses causando "estragos" en los servicios que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos.
"Estamos convencidos de la inconstitucionalidad de una ley que pretende romper la cohesión territorial y la cohesión social", ha destacado.
"El Consejo de Estado considera contrario a la Constitución quitarle a los municipios menores de 20.000 habitantes sus competencias básicas y propias como son la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable, la evacuación y tratamiento de aguas residuales, la limpieza viaria o la pavimentación de vías urbanas y el alumbrado, entre otras", ha asegurado.
La aplicación de la ley en todos sus extremos puede tener consecuencias "demoledoras" en la provincia, según ha advertido Teresa Jiménez. De hecho, ha recordado que el 95 por ciento de los municipios tiene menos de 20.000 habitantes, los más perjudicados por la reforma que da a las diputaciones la capacidad de decidir y de prestar o no los servicios públicos en esas poblaciones, salvo que éstas demuestren que pueden hacerlo a un coste menor que el que establezca la propia Diputación.
Precisamente, "éste es uno de los aspectos cuya constitucionalidad cuestiona el Consejo de Estado", ha añadido. Teresa Jiménez se ha referido a los primeros efectos de la ley como la imposibilidad de cubrir plazas o de prestar servicios a los ciudadanos, algo que la Junta de Andalucía pretende amortiguar ahora con el reciente decreto con el que blinda competencias de los consistorios frente a la reforma local.
"El decreto del Gobierno andaluz trata de amparar la gestión de los ayuntamientos para no poner en riesgo los servicios sociales comunitarios o los puntos de información a la mujer", ha indicado para precisar que con ese mecanismo, los ayuntamientos pueden seguir prestando servicios en ámbitos tan relevantes como los servicios sociales, la educación, la salud y el consumo.
"Con esta norma, la Junta ha plantado cara a la reforma local del Gobierno del PP partiendo de la consideración de que los ayuntamientos no son un problema, sino una solución para la mejora de los servicios públicos", ha concluido.
Por su parte, el alcalde de Santa Fe, Sergio Bueno, ha afirmado que se trata de una norma "mal concebida y peor alumbrada".
"Es una ley que ha vaciado de funcionalidad y utilidad a las administraciones locales y que, además, tiene un corto recorrido democrático por violar la autonomía local y por dirigir la toma de decisión hacia unos órganos administrativos no elegidos directamente como son las diputaciones", ha asegurado.
Ha apuntado también que la reforma local conculca el derecho democrático de los vecinos a tomar decisiones acerca de quién dirige la política en su pueblo y que se trata de una ley que supone además un "portazo" a muchos vecinos que no puede atender sus obligaciones para pagar la luz, para llegar a fin de mes o para cubrir las necesidades básicas de alimentación.
Una reforma que, según Bueno, priva a los alcaldes de la capacidad para dar respuesta a problemas tan acuciantes como la violencia de género o para atajar problemas relacionados con el absentismo escolar.
"Nos encontramos con una norma que abofetea a los ciudadanos porque hace imposible a los alcaldes y a los concejales dar respuesta a los problemas reales y a las necesidades diarias de los ciudadanos".
