La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge el próximo 27 de junio el juicio contra los cinco presuntos responsables de una estafa millonaria en la compraventa de oro que afectó a 200 personas, que llegaron a entregarles cantidades de entre 750 y 50.000 euros con la falsa promesa de obtendrían hasta el 75 por ciento de lo invertido.
La Fiscalía solicita para tres de ellos seis años de prisión y multa de 36.000 euros por un delito continuado de estafa, mientras que los otros dos, considerados los presuntos cabecillas, se enfrentan a ocho años de cárcel y multas de 66.000 euros, por la comisión del mismo delito y además de otro de falsedad en documento oficial.
Los principales inculpados son César M.C. y Víctor F.P., como representantes y administradores únicos de las empresas Beaver Financial Corporation S.L. y Granahouse Consulting S.L.; mientras que los otros tres, Eva M.M.C; Fátima G.P., y Hugo F.R., eran sus empleados.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos primeros procesados, dieron "apariencia" de legalidad a sus dos empresas, que crearon en Granada en el año 2006 con el objeto social de la intermediación financiera. Concretamente, inscribieron a sus sociedades en el Registro Mercantil, abrieron una oficina, y además contrataron personal. De hecho, los otros tres acusados eran sus empleados, que se encargaban de la captación de clientes y de dar oportuna información sobre las operaciones a realizar.
Todos ellos, "con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial y a sabiendas de que el capital invertido nunca iba ser destinado al fin previsto", desde enero de 2006 y hasta diciembre de 2007 suscribieron contratos privados de intermediación financiera en la localidad de Granada cuyo objeto era la entrega por parte de los clientes de capital para la adquisición de oro y metales preciosos en el mercado de Londres para su posterior alquiler o venta a entidades que necesitan acreditar su solvencia o avalar operaciones.
A cambio, garantizaban a los inversores la percepción de una rentabilidad máxima del 75 por ciento del capital invertido, aunque los acusados "nunca llegaron a reinvertir las cantidades aportadas en la compra de oro ni metales preciosos ni a realizar operación de inversión alguna".
De hecho, se valieron de las primeras inversiones realizadas para simular que cumplían con lo acordado reintegrando a los primeros clientes "la inversión inicial y los intereses pactados con el capital aportado por los nuevos inversores".
Aparentaban así cumplir con sus obligaciones "creando un clima de absoluta confianza que permitiese atraer nuevos inversores y la aportación de más capital generando con ello una estructura piramidal".
Ante la imposibilidad de atender los pagos y con la finalidad de eludir reclamaciones correspondientes por los afectados y posibilitar la continuidad de sus operaciones, los acusados César M.C. y Víctor F.P., alegaron estar siendo investigados por el Banco de España y en concreto por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, aportando resolución del citado organismo inexistente simulando estar firmada por el secretario del tribunal económico administrativo regional de Andalucía" y así lograr retrasar la devolución de las cantidades depositadas por los perjudicados.
En esta trama los beneficios obtenidos por los inculpados con la referidas operaciones ascendieron a 1.539.288, 41 euros, por presuntamente estafar a un total de 203 personas, que reclaman las cantidades defraudadas.
