El que fuera vicepresidente de la Diputación de Granada en el anterior mandato, Julio Bernardo (IU), y la actual portavoz y diputada de esta formación en la institución, María Asunción Pérez Cotarelo, han declarado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción 8 imputados por un posible delito de prevaricación tras ser denunciados por el PP por su presunta participación en una supuesta trama de expedientes y contrataciones irregulares en el marco del proyecto 'Magrec', financiado con fondos europeos.
Los dos cargos de IU han criticado duramente las acusaciones del equipo de gobierno en la Diputación y han atribuido a un "montaje" y a una "persecución" la denuncia, que, además, según han incidido, "está pagada con dinero público".
Concretamente, Bernardo ha considerado que se trata de una "persecución política y mediática" y ha señalado que él no tuvo nada que ver con el proyecto puesto en cuestión, ya que la que tenía "todas las delegaciones" era Cotarelo, en cuyo trabajo "confía" plenamente. "Están tratando de sacar algo cuando de verdad aquí se están gastando recursos públicos de la Diputación, en un proceso que no tiene ni pies ni cabeza", ha sostenido.
Por su parte, Cotarelo ha considerado que "no es justo" lo que se le atribuye a ella y a Bernardo porque lo que han hecho, según ha indicado, "ha sido trabajar mucho y muy bien por traer dinero a esta provincia, con proyectos como Magrec o Mercamed". "Todo se ha hecho con todas las garantías", ha dicho la actual diputada provincial en la oposición, que se ha quejado del "maltrato" que está sufriendo en la institución provincial y ha confiado en el archivo de la causa.
Por ello, ha anunciado que ha presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra el portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, José Torrente, y la diputada María Merinda Sádaba.
"Yo no he llegado a la política de forma espontánea, voy a cumplir 60 años y tengo una trayectoria profesional y personal que no voy a permitir que unos señores me la echen por tierra, máxime cuando me he dejado la vida trabajando por estos proyectos", ha mantenido.
En declaraciones a los periodistas tras la declaración de Cotarelo y Bernardo, el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, ha mostrado el "total respaldo" de la formación política a sus compañeros, porque "se están enfrentando a una acusación patética, falsa y pagada con dinero público" que, en su opinión, es "un intento del PP de manchar la imagen de IU".
Según ha dicho, la denuncia se basa en que un papel "que, según el PP, tenía que haber firmado el vicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo, quien lo firmó fue Asunción Pérez, que tenía delegadas esas competencias": "Es decir, una interpretación de una supuesta falta de rigor administrativa en quién tiene que firmar un papel lo quieren convertir en un caso hablando de prevaricación, intentando generar una alarma social y una sensación de escándalo, en la que lo único que hay es el interés de Sebastián Pérez por posicionarse con un poquito más de fuerza de cara a las próximas elecciones municipales".
Para Morales, se trata de un "mal uso de la justicia" y una "burla a la ciudadanía". "Son completamente inocentes, aquí no hay caso, y estamos ante un montaje que a quien habrá que acabar pidiéndole explicaciones será a Sebastián Pérez, de por qué se gasta dinero público en estrategias de partido para perseguir a sus enemigos políticos. Una vergüenza que la sociedad granadina no debería tolerar", ha concluido.
El caso fue planteado inicialmente por el actual equipo de gobierno de la Diputación de Granada (PP), personada como acusación particular, como una ampliación de denuncia del denominado 'caso Mercamed', que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que sin embargo no aceptó que se incorporara a la causa abierta, en la que están imputados 14 personas, entre ellas el propio Julio Bernardo.
Así, la nueva investigación fue abierta por el Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que ha imputado ya, en este otro caso, a un total de 11 personas, seis de ellas empresarios, entre las que se encuentran, además de Cotarelo y Bernardo, un cargo de confianza de IU, una técnico y una funcionaria (estos cuatro últimos también imputados en Mercamed) por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Por exhorto, ya tuvieron que comparecer los seis empresarios acusados, si bien se acogieron entonces a su derecho a no declarar, por supuestas irregularidades en el llamado proyecto Magrec, enmarcado en el programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores Poctefex, del que también depende el proyecto Mercamed.
El presupuesto de Magrec fue de unos 898.000 euros, de los que 67.000 se debían haber destinado a inversiones en Marruecos, aunque la Diputación aportó finalmente cerca de 210.000 euros, para expedientes aprobados sin el correspondiente trámite administrativo.
Ante esta imputación, el pasado febrero el actual equipo de gobierno de la Diputación acusó en rueda de prensa a Cotarelo de haber presuntamente participado en una trama que implicó la elaboración de presupuestos falsos para "intentar beneficiar a personas cercanas" o de aprobar expedientes sin pasar por pleno o saltándose el procedimiento administrativo preceptivo.
