El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe (Granada) ha pedido al Ayuntamiento de la localidad que justifique la contratación de trabajadores temporales durante los meses de enero de 2013 y hasta el mes de marzo de este año, tras admitir la ampliación de denuncia presentada por el PP a la causa por la que se investiga al alcalde, el socialista Sergio Bueno, por la posible comisión de un delito de prevaricación.
El caso fue denunciado por la Fiscalía, que sostiene que el regidor, "siguiendo un plan preconcebido" realizó, al menos durante los dos primeros meses del año 2012, unos 200 contratos temporales, pese a que la Subdelegación del Gobierno en Granada le alertó de que podía vulnerar el decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público (que impedía la contratación temporal), y de que la Secretaría General del Ayuntamiento había emitido un informe en el que advertía de que esa contratación no podía llevarse a cabo.
Sin embargo, los 'populares', personados en este asunto como acusación particular, indicaron en su ampliación de denuncia, ahora aceptada, que las contrataciones presuntamente irregulares "no solo se han llevado a cabo en el ejercicio 2012, sino que se han seguido realizando durante el ejercicio 2013 y hasta el mes de marzo de 2014".
Por eso ahora, en un documento que tuvo entrada en el Ayuntamiento de Santa Fe el pasado 29 de mayo, el Juzgado reclama al Ayuntamiento la relación de trabajadores contratados temporalmente en ese periodo de fechas, e información acerca del procedimiento seguido para ello. Concretamente, pide información acerca de si se han cumplido los principios de publicidad e igualdad que "deben regir en toda contratación pública".
Solicita también el expediente en el que figuren los datos económicos, familiares, sociales "o de cualquier otra índole" que hayan justificado la elección de esa persona "y no de otra" para su contratación; que se informe de si esas contrataciones cumplieron los requisitos del decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público; el decreto que ampare las contrataciones; y copia del expediente o resolución que determine su "excepcionalidad".
Asimismo, y tal y como instaba el PP, el Juzgado exhorta a Santa Fe a la entrega de la copia íntegra autentificada de los informes del interventor, relativos a cada una de las actas de la junta de gobierno local donde mensualmente se aprobaban el pago de las nóminas, desde enero a diciembre de 2011, enero a diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013 y hasta el mes de abril de 2014, y que por el Área de Intervención "se proceda a cuantificar las nóminas pagadas fuera de plantilla, aprobada por el Pleno, así como anexo de personal del Ayuntamiento desde enero de 2011 a diciembre de 2013".
Igualmente, pide a la tesorera del Ayuntamiento que emita informe indicando si los pagos de las nóminas de cada mensualidad, en los periodos de tiempo solicitados, se han realizado con conocimiento de los reparos que constan en el informe del Interventor, emitido en cada uno de los puntos de las actas de Junta de Gobierno Local, por las que mensuales, se aprobaran el pago de las nóminas.
EL ALCALDE TENDRÁ QUE DECLARAR COMO IMPUTADO
Por este asunto tenía que declarar como imputado el alcalde de Santa Fe el pasado 4 de abril, si bien su comparecencia fue aplazada 'sine die' porque el Ayuntamiento de Santa Fe no había remitido la documentación que el juzgado le había requerido sobre el asunto de la contratación temporal, que es "indispensable" para el conocimiento de los hechos, según hizo constar la juez en un auto.
La apertura de diligencias se produjo después de que la Fiscalía interpusiera querella criminal contra Bueno por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación.
Todas las contrataciones objeto de investigación, en el marco de un plan social de empleabilidad y lucha contra la crisis aprobado por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2011 --la misma fecha del decreto del Gobierno--, se hicieron, según el fiscal, "sin la tramitación del correspondiente expediente" que acreditara la excepcionalidad de la contratación para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, como establecía el decreto ley del Gobierno.
También se hicieron con "ausencia de todo tipo de expediente instruido al efecto en el área de Servicios Sociales" en el que se hiciera constar los datos económicos, familiares, sociales o de cualquier otra índole de las personas contratadas.
No obstante, "presuponiendo" que se contratasen personas con riesgo de exclusión social, como así aseguró el alcalde, "se desconoce si en la contratación se han cumplido los principios de publicidad e igualdad" exigidos en este caso. Además, esas contrataciones no se financiaron con cargo al presupuesto de gastos, que las habría permitido, y tuvieron informe desfavorable del técnico de Administración General, o sin su dictamen.
Estos hechos podrían constituir un delito continuado de prevaricación porque, según el Ministerio Público, existen indicios de que el alcalde actuó "a sabiendas de la injusticia" que estaba cometiendo, en un decreto firmado por la fiscal jefe provincial de Granada, Ana Tárrago, con fecha 10 de octubre del pasado año.
