El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que investiga el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la Prisión de Albolote (Granada), mantiene la imputación contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y contra el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel, por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.
Así lo acuerda el titular del Juzgado, el magistrado Miguel Ángel del Arco, en un auto fechado el 2 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ha desestimado la petición de sobreseimiento para ambos realizado por la Abogacía del Estado.
En el auto, que avanza este jueves el diario 'El Mundo', el juez expone que Yuste, director general de Instituciones Penitenciarias entre 1996 y 2004, era conocedor de las deficiencias que presentaba la depuradora, al ser quien recibía todas las informaciones y denuncias presentadas por vertidos contaminantes que no cumplían los límites legales.
Era también la persona que "tomaba las decisiones sobre si se reparaba la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), cosa que nunca ocurrió hasta mediados del año 2014", con la nueva estación depuradora. Hasta ese momento, "las múltiples deficiencias no fueron reparadas. Nunca se tomaron muestras de la depuradora del Centro Penitenciario entre 1996 y 2004" y no se dieron órdenes de cumplir la legalidad en este punto.
Añade el juez que desde que Yuste fue nombrado secretario general de Instituciones Penitenciarias en 2011, "justo en el máximo apogeo de los vertidos ilegales, constándole todo tipo de informaciones sobre muestras tomadas y los resultados positivos en cuanto a los vertidos contaminantes, no ha adoptado ni una sola medida para resolver la contaminación ni los daños producidos a terceros y al medio ambiente" desde la prisión.
"OBRAS ILEGALES"
Respecto al actual subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel, afirma el magistrado que "conocía todas las deficiencias del sistema depurador, a través de los informes y los proyectos de reforma; conocía todos los análisis realizados entre 2003 y 2004, y conocía todas las obras ilegales realizadas", entre las que cita la construcción de un by-pass en 2014.
Pese a ello, agrega, "no ha adoptado ni una sola medida" para corregir la situación y "sólo tras las presiones derivadas de la imputación de diversos responsables" de la prisión se procedió a reformar la EDAR. Esta medida no ha acabado con los vertidos ilegales, que "se siguen produciendo en 2015 sin que se haya adoptado ninguna solución por parte de responsables de Instituciones Penitenciarias".
El magistrado matiza que Caracuel, como responsable máximo de las prisiones, estaba facultado para adoptar medidas urgentes para evitar o paliar las deficiencias de la EDAR de la prisión.
El caso fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.
Junto a Yuste y Caracuel están imputados, entre otros, responsables del Gobierno andaluz, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora.
Por este mismo asunto ya declararon en su día ante el juez de Instrucción 6 la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, por posibles delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.
En la causa está pendiente una resolución del Tribunal Supremo sobre la solicitud de imputación de la exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo, dada su condición de aforada al ser diputada autonómica en el Parlamento de la Comunidad de Madrid.
