La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, han negado este miércoles su participación en los hechos, tras acogerse a su derecho a no declarar en base al "secreto profesional", en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde estaban citadas para declarar como investigadas por "su presunta intervención" como "inductoras" o "partícipes necesarios" en una supuesta sustracción de los hijos de Juana Rivas.
"Bajo ningún concepto" las funcionarias han "inducido, apoyado o cooperado" en supuestas sustracción de menores ni en el caso de Juana Rivas, la madre que ha estado casi un mes ilocalizable tras no acatar la orden judicial de devolver los hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, ni en el de las más de 100 mujeres que cada año pasan por el Centro Municipal de la Mujer de Maracena.
Así lo han indicado en declaraciones a los periodistas tras permanecer en sede judicial unos 15 minutos, entre muestras de apoyo, a las que se ha sumado el alcalde de la localidad maracenera, Noel López (PSOE), y varios de sus concejales, a las puertas de los juzgados de Caleta.
Francisca Granados ha explicado, tras comparecer ante la juez, junto a Teresa Sanz, que, en el año y tres meses que aproximadamente median desde que Juana Rivas llegó a España, han vivido con ella "acontecimientos duros" tras lo cual la madre de Maracena ha "cumplido" con la justicia en lo referente a la entrega de sus hijos, la cual efectuó el pasado lunes en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde los recogió su padre, Francesco Arcuri, residente en Italia.
"La entrega se ha hecho en cumplimiento de una resolución judicial que obligaba a Juana Rivas a la restitución de los menores", ha destacado Granados.
La situación que vive tras ello Rivas no es "nada positiva sino todo lo contrario" y está siendo apoyada por personas de su entorno, ha explicado Granados, que se ha mostrado confiada en que "tarde o temprano se hará justicia".
No ha podido dar datos de los niños, con los que su madre no ha tenido contacto estos días, y sobre los que el Centro Municipal de la Mujer ha pedido una orden de protección al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, en el marco de sus competencias, "porque así nos acredita la normativa vigente".
La clave de este caso, según la asesora jurídica de Juana Rivas, es que hay un proceso "iniciado pero no terminado" para investigar la "situación" de Juana Rivas como víctima de violencia de género, por lo cual interpuso una denuncia el mes de julio de 2016 en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, que ha sido remitida traducida a los tribunales italianos por haber sucedido supuestamente en Italia los hechos, y posteriormente ratificada y ampliada en este juzgado granadino.
Esa denuncia "aún no ha sido investigada, aún no ha habido un proceso" en que "lógicamente se valore esa situación de violencia de género", ha señalado Francisca Granados, quien ha agregado que, desde el Centro de la Mujer de Maracena, "seguimos defendiendo, como es nuestro papel, la protección para Juana y para sus hijos en el marco de la legalidad, como siempre hemos hecho".
"El tema de malos tratos que ha sufrido y que sus hijos han vivido no ha sido tratado por ningún juzgado, y entendemos que es ahí donde está la clave de todo lo que tristemente estamos padeciendo", ha subrayado Granados.
Decenas de miembros de asociaciones de mujeres y trabajadoras de otros centros municipales de Información a la Mujer granadinos han acompañado a las funcionarias desde su llegada a los juzgados de Caleta, en la que no hicieron declaraciones a los medios, con consignas como "Ninguna agresión sin respuesta", "Si tocan a Paqui, nos tocan a todas" o "Todas somos psicólogas", en relación con su labor profesional en el caso de Juana Rivas.
Por su parte, el alcalde de Maracena, Noel López (PSOE), ha indicado a los periodistas, mientras Granados y Sanz comparecían ante la juez, que su equipo de gobierno ha querido mostrar a las puertas de los juzgados su "apoyo" político e institucional, y su "confianza" en ellas y en su labor profesional en el Centro Municipal de la Mujer.
"Lo que se viene desarrollando en este centro, al igual que en cualquier otro de la comunidad autónoma de Andalucía, es la labor de asesoramiento y participación referente en la lucha por la igualdad, y en contra de la violencia de género", lo cual "no tiene que conllevar ninguna responsabilidad penal", ha indicado Noel López.
Si hubiera algún tipo de requerimiento posterior por parte de la justicia, "nos parecería ilógico" e "increíble" pues estas trabajadoras "lo único que han hecho es su trabajo de una forma profesional, objetiva y, sobre todo, siempre, en garantía de la igualdad", ha agregado López para quien las funcionarias "ni se han extralimitado, ni nada", haciendo "lo que tenían que haber hecho".
