El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha garantizado que "nunca" hubo "fraude o trampas" en el congreso provincial en el que salió reelegido el pasado año y se ve por ello "legitimado" para continuar en el cargo y también como candidato a la Alcaldía de Granada, una posición que según ha dicho respalda la dirección regional y nacional del partido.
Así lo ha señalado Sebastián Pérez a preguntas de los periodistas después de que el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada haya dejado sin efecto el XIV Congreso Provincial del PP de Granada que se celebró el 20 de mayo del pasado año y haya acordado retrotraer el proceso a su inicio por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del reglamento de organización de esta formación.
Tras mostrar su "respeto a la justicia" y confirmar que recurrirán la sentencia, Pérez ha defendido que "todo se ha hecho de manera impecable" y vincula la decisión judicial con un "defecto de forma" y cree que en la resolución hay "errores de bulto". "No ha habido problemas de trampas o en los censos", ha recalcado, al tiempo que ha opinado que el edil Juan García Montero, que llevó el asunto a los tribunales, "no goza del respeto de la dirección provincial, regional ni nacional".
A su juicio, la denuncia de García Montero, que también aspiró a liderar el partido en este cónclave, fue "contra 28.000 militantes" lo que le ha llevado a preguntarle "dónde está", si "aquí o con el PSOE".
Sebastián Pérez ha argumentado que esta sentencia en primera instancia no le deslegitima para continuar en la presidencia provincial del partido, pues no ha llegado a ella de forma fraudulenta, tras ganar las primarias con el 70 por ciento de los votos y elevar este respaldo en el congreso hasta el 98 por ciento.
Ha recordado que él ya está proclamado por el PP como candidato a la Alcaldía de Granada, reprochando a García Montero que pueda "poner en tela de juicio los actos reglados del partido" y cree que la dirección nacional "ha salido dejándole en ridículo", aunque ha descartado no obstante que la dirección provincial pueda tomar cualquier tipo de acción contra el edil.
