La declaración en calidad de investigado del exalcalde de Castril (Granada) José Juan López Ródenas (PSOE) ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar en relación a supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones públicas recibidas por la Fundación 'Centro José Saramago' ha quedado suspendida con motivo del estado de alarma decretado por el coronavirus.
El juzgado había fijado la declaración del exregidor para el próximo 31 de marzo, pero finalmente no se producirá, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
Las diligencias fueron abiertas a finales de 2014 a raíz de una denuncia de la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad, en la que ponía en cuestión el destino del dinero aportado por las instituciones y aludía a la ausencia de contabilidad que lo aclarase.
La Guardia Civil ha investigado, a petición del Juzgado, dos cuentas bancarias del 'Centro José Saramago' en las que recibió más de un millón de euros en subvenciones públicas. Concretamente, los movimientos que se produjeron entre 2008 y 2012 en estas cuentas, "en especial los traspasos y transferencias con destino desconocido", según consta en las actuaciones, a las que tuvo acceso Europa Press.
En el informe remitido al Juzgado la Guardia Civil expuso que en la primera de las cuentas se ingresó algo más de 1,2 millones de euros de las subvenciones aportadas por la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Castril. Este montante supuso la práctica totalidad de los ingresos.
La cuenta fue usada para afrontar "innumerables pagos mediante cheques, transferencias, traspasos, etcétera". La Guardia Civil no pudo identificar más de un centenar de estas operaciones por un importe total de 182.911 euros al no haber aportado la fundación y la entidad bancaria toda la documentación.
Del más del millón de euros que recibió el centro en subvenciones públicas, se traspasaron 642.545 euros a una segunda cuenta que también ha sido analizada. Desde aquí se abonaron 509.246 euros en nóminas para "al menos 26 personas" que "habrían trabajado en la fundación en el periodo investigado", según consta en el informe, que fue trasladado a la Fiscalía a finales de septiembre de 2018.
La Guardia Civil puso el foco de atención en "un pago masivo de nóminas a diez personas" que se produjo "justo el mes antes de que se celebrasen las elecciones municipales de mayo de 2011 y, por tanto, de que José Juan López Ródenas cesara, como así ocurrió, en el cargo de gerente de la fundación con la entrada de un nuevo equipo municipal", agrega el escrito. De la segunda cuenta la Policía Judicial no pudo identificar otras tantas operaciones por un importe de 87.651 euros.
