La jueza que instruye el caso Acinipo, Judith Saiz, ha previsto una nueva ronda de declaraciones de imputados, testigos y técnicos, que arrancará el próximo viernes día 20 de febrero y se prolongará hasta finales de abril, según se desprende de una providencia de la togada fechada este pasado viernes 6 de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico.
Tras que los policías del Grupo II de la Sección de Delincuencia económica y Blanqueo de Capitales (Udyco) de la Costa del Sol enviaran al Jugado a finales del año pasado un nuevo informe referido al concurso por el que fue enajenado el campo de fútbol, opinando los agentes que el Ayuntamiento pudo haber preparado o amañado ese concurso para que Ruiz Jurado se hiciera con esos terrenos, fue el propio fiscal anticorrupción quien interesó la práctica de nuevas diligencias, incluidas las declaraciones. La magistrada las ha citado para estos próximos meses.
De este modo, volverán a declarar como imputados Antonio Marín Lara, el ex alcalde, y los ex ediles Rafael Lara, María José Martín de Haro y Francisco Cañestro, así como quien era secretario del Ayuntamiento. Declararán asimismo también en calidad de imputados José Miguel Yubero y Alfonso Fernández Villacorta, del grupo Eroski, y Miguel Ángel Borrego, de Ruiz Jurado. Resulta novedoso la llamada que ha hecho la magistrada a los ex concejales José Herrera (PP), Juan Fraile (PSOE) y Rafael Ruiz (IU), que declararán en calidad de testigos, así como un ingeniero que realizó un levantamiento topográfico de la finca del Olivar de las Monjas que el Ayuntamiento recibió de Ruiz Jurado como permuta tras el proceso de enajenación del antiguo municipal de Deportes. Se piden además distintos informes al Ayuntamiento de Ronda, así como a la Agencia Tributaria.
EL INFORME POLICIAL
Como ya adelantó RONDA SEMANAL a finales de año, la Policía remitió en noviembre a la magistrada Saiz la referida nueva documentación en torno a sus investigaciones en Ronda. Los documentos eran 139 páginas en total, que se unen al sumario ya conocido.
Estos nuevos folios, que llegan tras las quejas de las partes por la dilación en el proceso de instrucción y tras que la propia jueza admitiera el retraso y subrayara que “están en juego derechos fundamentales”, en sintonía con el criterio de la propia Audiencia Provincial, se referían al concurso y la adjudicación del campo de fútbol; llegaron tras anteriores informes ocupados de otros trámites investigados, como la permuta de la antigua feria, el asfaltado en distintas calles de la ciudad o el pintado de los bloques de pisos de la barriada de El Fuerte.
La Policía refiere en esos documentos una serie de reuniones entre el Ayuntamiento y la mercantil previas al concurso; señalan el encuentro de Madrid y el protocolo firmado entre las partes para opinar que el concurso de hizo a medida.
Por otra parte, en la documentación los investigadores recelan de la tasación que se hizo de los terrenos del Olivar de las Monjas que Ruiz Jurado entregó al Ayuntamiento por los extremos previstos en ese acuerdo y en el concurso, dudando de varias tasaciones realizadas en los mismos terrenos, que oscilan entre 1 y hasta 4 millones. Es por ello que en sus conclusiones solicitan a la togada que, “si se estimase oportuno”, dada esa “diversidad de tasaciones manejadas en el transcurso de la operativa para la enajenación de la UE-30, algunas discrepantes en cantidades importantes”, se solicite “el auxilio de técnico o perito especializado, que no sólo determinara la valoración real sino también informara sobre la legalidad y consonancia” de todo el proceso administrativo. Por ello declarará también un técnico que realizó la tasación.
En los nuevos folios, la Udyco saca a relucir de nuevo el préstamo concedido por Ruiz Jurado a los antiguos concejales del PA y, si bien aclaran que éste estaba correctamente inscrito y fiscalizado, relacionan su firma con una especie de prebenda por el concurso. La coincidencia de fechas llevan a los investigadores a recelar del proceso.
Al fin, aseguran que el ex alcalde, otros políticos y técnicos municipales permitieron que Eroski planteara toda la operación de enajenación de forma que pudiera ahorrarse el impuesto de transmisiones patrimoniales.
Tras que la policía asegurara en su informe que este proceso es “uno de los asuntos de mayor complejidad” en la investigación Acinipo, la Fiscalía y la jueza han solicitado estas nuevas declaraciones.
