Las probabilidades de encontrarse un cajero o una oficina bancaria en las calles de la provincia están bajando año por año tras la llegada de la crisis económica.
En todo Cádiz existen actualmente 514 entidades financieras, según un boletín estadístico hecho publico recientemente por el Banco de España, y que hace mención a datos del mes de junio de este año.
De hecho, desde 2014 hasta hoy se han cerrado 24 oficinas, según las mismas fuentes, que determinan que en el 2014 se alcanzaron las 538 sucursales. Un año después, en el 2015, la cifra bajó hasta las 522 instalaciones bancarias.
Volviendo al 2016, a nivel andaluz, las provincias con mayor número de bancos son, por este orden, Sevilla (con 973), Málaga (879), y Granada (613).
El cuarto puesto lo ocupa precisamente Cádiz (514), seguido muy de cerca por Córdoba (513). Cierran esta clasificación Jaén (499), Almería (474) y, por último, Huelva (295).
Hay varios factores que inciden en este descenso en el número de locales destinados a operaciones financieras como la concesión de préstamos o las tradicionales hipotecas para la compra de viviendas.
Según analizó Facua Cádiz para este periódico, esta “caída” de los bancos se produce desde el 2009 por la irrupción de la crisis y por la introducción del uso de las nuevas tecnologías.
Así lo explicó uno de sus representantes provinciales, Jesús Yesa, quien añadió que “anteriormente no se habían dado estas circunstancias, incluso al revés, algunos bancos que habían iniciado su andadura operando exclusivamente por internet estaban abriendo sucursales”. “Posteriormente, parece que los bancos se han replanteado su estrategia”, planteó.
El primer problema que se plantea cuando una sucursal cierra y no existe otra en el mismo municipio es cómo operar con la tradicional cuenta corriente o de ahorros. “Entendemos nosotros y así lo estamos reclamando, que es un incumplimiento de las condiciones de contratación, y por lo tanto, habilita al usuario a poder romper el contrato”, expuso Yesa.
Según detallaron desde Facua, si hay algún préstamo vinculado a esa cuenta corriente, cuyo recibo se está pagando domiciliado en esa cuenta, la empresa, en este caso la entidad bancaria, tiene que habilitar una forma de pago de esos préstamos. Yesa explicó que la sociedad no está obligada legalmente a tener ningún tipo de sucursal.
En este sentido, pone la situación de que si un banco quiere cerrar sus sucursales en España y operar exclusivamente por internet, como hay otras entidades que lo hacen, efectivamente lo puede llevar a cabo.
Legalidad
Eso sí, aquellos clientes que contrataron una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, porque el banco tenía una sucursal en su municipio y había optado por hacer las gestiones personalmente en vez de por internet, tienen una serie de derechos, como defiende Facua. “O se sigue prestando ese servicio o lógicamente el contrato se rompe. Si el contrato se rompe, eso no puede tener para el cliente ningún tipo de perjuicio”, dice el representante de la asociación de consumidores, quien añade que el ciudadano “no se tiene que ver obligado a amortizar anticipadamente los préstamos, ni a pagar ninguna comisión por la cancelación de la cuenta”.
Ante esta tesitura, Facua defiende que se establezca un acuerdo sobre cómo se van a pasar los recibos por otra cuenta, incluso de otras entidades. “Según nuestra experiencia, las entidades bancarias sí están accediendo a eso. Es decir, en el momento en el que están cerrando, están facilitando que los clientes, los productos que tengan contratados, fundamentalmente los préstamos, los puedan pagar domiciliándolos en otras entidades. Esto para nosotros es lo primero”, añadió.
En cuanto a la situación en general, Facua valora que “la situación nos preocupa, porque, como asociación de consumidores, lo que nos gustaría es que el consumidor siguiera disfrutando en el futuro de las distintas opciones a la hora de operar con un banco, es decir, para nosotros nos parece perfecto y una vía muy cómoda que los consumidores puedan operar por internet, lo que no nos parece bien es que exclusivamente se obligue a que solo se puedan hacer las operaciones con un banco por internet y no se pueda estar disfrutando de las diferentes opciones”.
En este contexto, subrayaron desde Facua su inquietud por que la dinámica actual es la de un “agravio comparativo” con respecto a los usuarios que viven en determinadas municipios con respecto a los que viven en otros.
Señalaron en este aspecto que aquellos usuarios que viven en municipios pequeños, municipios de la sierra, o que tienen una configuración geográfica especial, como es el caso del Campo de Gibraltar, se están viendo perjudicados.
“Quien vive en Madrid, en Barcelona o Sevilla, está teniendo quinientas sucursales de bancos, y no está teniendo problemas, y, sin embargo, usuarios de pueblos pequeños o de zonas como el Campo de Gibraltar que tienen una especial extensión geográfica, se están viendo perjudicados, con lo que se produce una discriminación de hecho entre los usuarios dependiendo de los municipios donde viven”, afirma Yesa, que señala el malestar del colectivo sobre estas circunstancias.
“Nos preocupa también que cada día se esté obligando, entrecomilladamente, a que el usuario tenga que tener una cuenta bancaria para poder vivir, porque si hoy en día no se dispone de ella, se sufre innumerables quebraderos de cabeza para poder pagar el teléfono y cualquier servicio básico como la luz y el agua”, apostilló.
Formación
Por otro lado, Yesa llamó la atención sobre la “brecha digital” existente entre las personas que saben usar las nuevas tecnologías y aquellas que no. “Se está produciendo otra nueva discriminación”, dice al respecto.
“Nos gustaría que en el sector de la banca, como en otros sectores, hubiera por parte de las administraciones públicas una actuación más decidida que lleve precisamente a corregir estos problemas”, precisó.
En resumen, el banco debe informar claramente de las condiciones al usuario´antes de contratar, según subrayó el propio Jesús Yesa.
Según recordó Yesa, Bankia fue hace varios años de las primeras empresas en cerrar sucursales en la provincia.
Uno de los casos más llamativos se dio en el municipio de Algeciras, donde se quedaron sin presencia de esta entidad financiera, siendo la oficina más cercana la de Jerez.
En varias pedanías de Jerez se produjo igualmente una situación parecida, en la que la retirada de sucursales provocó contratiempos a los clientes, que hubieron de buscar otras alternativas.
Los efectos continúan a día de hoy en ciudades como Cádiz, donde continúan las protestas por el caso del Expediente de Regulación de Empleo del Banco Popular que afecta a ciudades como Cádiz y a Jerez.
En general, en este tipo de situaciones, desde Facua se incide concretamente en que“en general, en las reclamaciones que hemos tenido, el banco ha facilitado que no se le causen perjuicios al usuario, no teniendo que pagar ningún tipo de penalización”.
