Tras la aprobación definitiva del avance para la delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable del PGOU de Sanlúcar, conforme al Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un punto de información en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Aunque desde que se aprobó el documento en el que se recogen las zonas afectadas han sido numerosos los ciudadanos que se han acercado a la GMU para solicitar información, el responsable de Urbanismo, Víctor Mora, ha explicado que ya se ha puesto en marcha un punto de información exclusivo sobre este asunto.  Además, está previsto realizar campañas informativas en las zonas donde se encuentan la mayoría de las edificaciones que pueden acogerse a alguna de las situaciones previstas en la norma.

En el documento, además de las edificaciones aisladas, se recogen los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) como San Jerónimo, Callejuela o Madre del Agua, y los ámbitos de hábitat rural diseminado (edificaciones vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos) como la Colonia Monte Algaida y Los Llanos.

Con esta medida se pretende regular la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable y establece vías para el reconocimiento de estas construcciones, o legalización cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de circunstancias particulares.

Algunas edificaciones aisladas podrán acogerse a la situación de ‘asimilado fuera de ordenación’ por la que se podrá inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad y contratar luz y agua.

Las edificaciones que no podrán acogerse a esta figura son las que se encuentren en Suelos Protegidos, en Suelos destinados a Dotaciones Públicas, o en parcelaciones ilegales. Cabe destacar que aquellas viviendas sobre las que pesa sentencia firme, no podrán acogerse a este decreto, que posibilitaría, según ha señalado Víctor Mora, regularizar la situación de más de 3.500 viviendas en el municipio, atendiéndose de esta forma una demanda y un compromiso histórico con esta ciudad.