Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla, que asciende a casi un millón de euros en un total de 15 empresas.
La investigación, que ha contado con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha revelado la existencia de tramas fraudulentas en las que se han visto involucradas un total de 15 empresas. Además han sido detenidas seis personas, y otras seis han sido investigadas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
En el desarrollo de las investigaciones se pudo constatar cómo los administradores de empresas vinculadas a diferentes sectores como el inmobiliario, estaciones de servicio, instalaciones eléctricas y de paquetería utilizaron la creación de varias empresas sucesivas para continuar con la actividad, eludiendo el pago de las deudas acumuladas con la Seguridad Social. Esto incluía el uso de testaferros y la transferencia de trabajadores entre las distintas empresas para evitar responsabilidades fiscales y ocultar sus activos impidiendo así su previsible embargo.
Durante la investigación, se centró la atención en cuatro empresas dedicadas al sector inmobiliario y de la construcción. Las gestiones indicaron que los administradores de estas empresas dirigían las actividades y controlaban los trámites, compartiendo domicilios, personal y recursos. Realizaban una facturación cruzada y con la participación de un testaferro trataban de obstruir las previsibles consecuencias de la Seguridad Social.
Entre 2022 y 2023, las empresas acumularon deudas significativas con el ente público pese a su notable crecimiento en facturación y contratación, pero no cumplían con la obligación de pago de cotizaciones de los trabajadores.
Una de las empresas presentaba menor deuda, siendo utilizada para facturar con otros proveedores, una estrategia común en este tipo de delitos, para no acumular deudas en la empresa que factura y así poder seguir con su actividad.
De este modo, se determinó que los administradores de las empresas investigadas eran presuntamente responsables de un impago sistemático de cotizaciones, así como de dificultar la iniciación de procedimientos para evitar el cobro a la Seguridad Social, causando un perjuicio económico total a la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a más de 990.000 euros.
