La defensa del diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el archivo de la causa en la que está imputado por el asalto a un supermercado y el supuesto desvío de fondos municipales para acciones sindicales.
En el caso del asalto a un supermercado de Écija (Sevilla), que tuvo lugar en el verano de 2012, el abogado de Gordillo, José Antonio Salazar, solicita el archivo de las actuaciones, en las que hay una veintena de personas imputadas, o subsidiariamente el sobreseimiento en lo concerniente al diputado autonómico.
Lo justifica en que, a su entender, "no existen indicios de ningún tipo" que sustenten la imputación de Sánchez Gordillo y contradigan "total o parcialmente" lo que ya declaró el pasado 10 de diciembre en fase de instrucción ante el alto tribunal andaluz, donde manifestó que aunque estuvo en las inmediaciones del supermercado, no participó en la retirada de alimentos ideada como forma de protesta por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
La defensa mantiene que el hecho de que se le atribuya al diputado la autoría de la organización de la protesta son "simples especulaciones interesadas hechas sin rigor demostrativo alguno" y dirigidas a "victimizar" a Sánchez Gordillo por ser el más conocido de los participantes en la acción, según el escrito remitido al magistrado instructor de la causa, al que ha tenido acceso Efe.
Mantiene el abogado que los pronunciamientos de Gordillo posteriores al asalto suponen "una muestra de conformidad ideológica" con lo que entienden como acto político simbólico de protesta social ante la crisis, lo que a su juicio "no debe tener reproche penal alguno".
Alega además que tanto los empleados del supermercado como los agentes que intervinieron declararon en su día ante el Juzgado de Écija que instruyó inicialmente la causa que no llegaron a ver ni escuchar a Sánchez Gordillo en la acción del asalto, que no tuvo además "propósito lucrativo", resalta el abogado.
En cuanto al supuesto desvío de fondos municipales del Ayuntamiento de Marinaleda, del que es alcalde, para el pago del transporte a particulares para participar en actos del SAT, la defensa de Sánchez Gordillo apela a la normativa vigente sobre entidades locales para concluir que, en el uso de su autonomía, los ayuntamientos pueden "lícitamente colocar la cuestión social, y más concretamente la cuestión agraria, como uno de los objetivos básicos de su acción política", como es el caso de este consistorio.
En su opinión, la asunción municipal del gasto en los desplazamientos de los vecinos del municipio es "perfectamente legal" por buscar la mejor consecución de los objetivos del ayuntamiento, y "parece meridiano -a su juicio- que la finalidad a la que servían no es privada, sino pública".
Además, sostiene también la defensa que, ni todas las facturas a la empresa de autobuses que obran en el atestado policial fueron pagadas ni la orden de pago de la mayoría fue realizada por Sánchez Gordillo en exclusiva, sino por la comisión y el pleno municipal.
Mantiene también, entre otras cuestiones, que el atestado "da por supuesto, sin ninguna base probatoria", que los autobuses fueron contratados para acudir a manifestaciones sindicales, cuando no existe "ninguna acreditación, ni siquiera indiciaria", de ello.
Por todos esos motivos pide el archivo de la causa contra Sánchez Gordillo y que se levante su imputación.
