Después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Sevilla haya inadmitido el recurso del Grupo Socialista del Consistorio hispalense, contra el acuerdo de la junta local de gobierno que permite excluir del perfil del contratante los contratos menores de 6.000 euros y las obras menores de 200.000 euros, los socialistas han anunciado que trasladarán "al contencioso ordinario" dicho acuerdo. El recurso del PSOE, como hemos informado, había sido canalizado por la vía del procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, pero el juzgado no concluye "que se infrinja derecho fundamental alguno" y declara la inadmisión del recurso "por no ser el procedimiento adecuado".

   Los socialistas, en ese sentido, recuerdan que el plan de ajuste aprobado por el pleno del Ayuntamiento para adherirse al real decreto Ley 4/2012, que regula el mecanismo estatal del plan de pago a proveedores, "obliga a la publicidad de absolutamente todas las contrataciones sin límite de cuantía, una decisión que ha sido modificada ilegalmente por acuerdo de la junta de gobierno y que deja fuera de control público estas contrataciones y limita la libre concurrencia de proveedores para aquellos contratos que estén por debajo de los 200.000 euros".

   Mientras el juzgado ha resuelto que "no procede la admisión a trámite del procedimiento (...), sin perjuicio de la utilización del procedimiento Contencioso Administrativo que corresponda por razón de la materia, como asunto de legalidad ordinaria", pues el PSOE había usado la vía del procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, el PSOE anuncia que ultima la presentación de "un contencioso ordinario para pedir la nulidad de la decisión de Zoido de limitar la publicidad de las contrataciones municipales que se adjudiquen por debajo de los 200.000 euros".

   "La vía rápida no ha sido estimada en lo formal, pero se abre sin embargo la posibilidad de recurrir a la legalidad ordinaria en defensa del fondo del asunto, como el propio auto reconoce, y que no es otro que la ilegalidad con la que Zoido ha modificado una decisión que pasó por el pleno municipal con otro acuerdo que sólo ha sido aprobado por la junta de gobierno, de forma urgente y opaca intentando que pasara desapercibida", explican los socialistas.

   El argumento judicial socialista seguirá siendo la protección del derecho fundamental de participación política que se les reconoce a todos los concejales, aunque ahora se reclamará por vía ordinaria. Avisa el PSOE, en ese sentido, que éste es "exactamente el mismo procedimiento y argumento" por el que el PSOE logró recientemente sentencia favorable en el litigio contencioso contra la decisión de "no facilitar copia de las facturas de los talleres de distrito".

   El portavoz socialista, Juan Espadas, ya calificó de "apagón informativo altamente peligroso en el final del mandato" la decisión de Zoido de "autocorregirse y poner límites" a la publicidad que el Ayuntamiento debe dar obligatoriamente en virtud del Plan de Ajuste y de su aprobación plenaria a todas las contrataciones con proveedores independientemente de la cuantía de la adjudicación. Es "un ataque a la transparencia, a la luz y taquígrafos que Zoido utiliza a su antojo pero que cuando llega la hora de practicarlo lo rebana nada menos que situando la obligación de dar publicidad ahora sólo en aquellos contratos que superen los 200.000 euros".

   Según este criterio, avisan los socialistas, la malograda instalación de un helicóptero en la glorieta de Los Bermajales por valor de 180.000 euros municipales hubiera sido contratado sin información pública ni publicidad alguna. "Es una aberración. Zoido parece no querer testigos en el último año de mandato de cuáles son sus prioridades de gasto, ni de cuánto gasta ni de con quién contrata".