Castreño defiende que el proyecto de reactivación del astillero no sufre \"riesgo ninguno\"

Publicado: 19/12/2014
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, recuerda que la empresa está invirtiendo dinero en el reacondicionamiento de las instalaciones, inoperativas desde el 31 de diciembre de 2011
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, considera que el proyecto promovido por la sociedad Astillero del Guadalquivir para reactivar el astillero hispalense no sufre "riesgo de ningún género", recordando que la empresa está invirtiendo dinero en el reacondicionamiento de las instalaciones, inoperativas desde el 31 de diciembre de 2011 y sobre las que pesa el papel jugado por la citada empresa, a la hora de que quedase desierto el concurso público convocado inicialmente para su explotación.

   En una rueda de prensa celebrada este viernes, Carmen Castreño ha señalado la autorización administrativa de 18 meses de duración encomendada a la sociedad Astillero del Guadalquivir, dirigida por el empresario gallego Urbano Alonso, dueño de Astilleros Cotnsa Huelva, para reparaciones y actuaciones en buques en el dique seco del astillero sevillano.

   El propio Urbano Alonso, en ese sentido, manifestaba el pasado 22 de noviembre, en declaraciones a Europa Press, que tras haber invertido unos 500.000 euros para el reacondicionamiento del dique seco del astillero y contar con contratos para la reparación de buques, el astillero comenzaría a albergar actividad industrial en pocos días, extremo que finalmente no ha sucedido, toda vez que la empresa podría postergar finalmente la reactivación de estas emblemáticas instalaciones navales.

   Ante esta tesitura, Carmen Castreño ha explicado que la sociedad Astillero del Guadalquivir cuenta con un "plazo" que expira el 31 de diciembre para consumar el reacondicionamiento del dique seco del astillero y ella misma considera que "esta obra va muy bien". No obstante, el incumplimiento de este plazo motivaría una "revisión" de las actuaciones por parte de la Autoridad Portuaria. Castreño, en ese sentido, ha señalado el significado de que esta empresa haya invertido dinero en el acondicionamiento del dique seco, porque a su juicio "no parece que haya riesgo de ningún género" en dicho proyecto.


LA CAÍDA DEL ASTILLERO

   Como es sabido, el astillero de Sevilla detuvo completamente su actividad el 31 de diciembre 2011 tras una larga agonía financiera y económica. Porque tras su segregación de la antigua sociedad naval 'Izar', extremo que separó al astillero hispalense de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el astillero entró en una lenta deriva hasta su adquisición por parte de los Astilleros de Huelva. No obstante, el funcionamiento de los astilleros bajo la gestión de estos empresarios tampoco prosperó y, finalmente, las instalaciones fueron clausuradas al finalizar 2011 al arrastrar la sociedad gestora una deuda de aproximadamente 193 millones de euros.

   Así, el astillero de Sevilla cerraba tras casi 60 años de actividad y haber gozado de volúmenes de producción que, por ejemplo en los años 80, implicaban la contratación de hasta 5.000 personas. Desde entonces hasta ahora, no obstante, los astilleros sevillanos han albergado algunas operaciones puntuales, como la reparación del velero alemán Alexander von Humboldt.

   En 2013, la Autoridad Portuaria promovió un concurso para adjudicar de nuevo una concesión administrativa para la explotación del varadero y dique seco, si bien el mismo fue declarado desierto porque no mediaron ofertas como tal pese a que dos empresas habían solicitado tal aspecto.


EL PAPEL DE ASTILLERO DEL GUADALQUIVIR

   El mencionado y fallido concurso fue convocado por la Autoridad Portuaria al solicitar, primero la sociedad Sevilla Shipyard e inmediatamente después la empresa Astillero del Guadalquivir, autorización para explotar las instalaciones del varadero y dique seco para acometer operaciones de reparación y modificación de buques. La concurrencia competitiva de dos solicitudes, en ese sentido, obligó a la Autoridad Portuaria a convocar el mencionado concurso, que habría cosechado interés por parte de al menos tres empresas pero que, finalmente, fue declarado desierto al no mediar propuestas formales.

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