La juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que amplíe el atestado en cuanto a operaciones bancarias en las cuentas de abono de las ayudas a varias empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
En una providencia de 13 de julio, a la que ha tenido acceso Efe, la juez pide que la UCO amplíe el atestado en lo que afecta al estudio de la ayuda concedida a Pema, Jamones y Embutidos S.L., y en concreto el apartado que hace referencia a los "vínculos que habrían propiciado la consecución de las ayudas".
La juez, a petición de la representación de la Junta, hace esta petición "habida cuenta de que desde 2005 el socio de referencia es José Antonio Gordillo, que existen pagos por parte del IFA desde esa fecha por importe de 360.000 euros y que administró la sociedad Planificación Cooperación y Desarrollo S.L.".
Además, solicita que se amplíe el atestado en relación con las operaciones bancarias producidas en las cuentas de abono de las ayudas a Tialna, Asnadis, El venero de Móstoles, Posada del Moro, Romero Álvarez, Quesos el Real de la Jara, Dehesa Navera, Megara y Antonio Polonio Correa.
Por otra parte, en un auto del 13 de julio, pide a la UCO que elabore un informe específico sobre la situación económica del exdelegado de Vitalia en Sevilla Jesús María Bordallo y su "posible enriquecimiento patrimonial" desde el 2000 al 2010, así como un informe de su situación económica actual y las rentas de la unidad familiar.
