La ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto será la primera de las siete personas imputadas que declarará ante la juez que investiga la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), lo que está previsto que ocurra mañana.
Tras ella, están citados como acusados la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta, mientras que este lunes ya declararon como testigos un técnico y dos trabajadores de la depuradora de la mina.
El técnico reconoció que su informe en el que recogía errores del proyecto ganador lo hizo tras analizar solo seis de sus 3.000 folios, los que le entregó la Policía, mientras que los dos trabajadores de la depuradora de la mina aseguraron que la instalación funciona correctamente.
La juez ha citado a la ex directora general como responsable del procedimiento seguido por la Junta en la resolución de la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros, donde en 1998 se produjo un vertido tóxico, y como firmante del decreto por el que, el 20 de febrero pasado, se resolvió el concurso de la concesión de la mina a favor de Minorbis Grupo México.
Antes del primer auto de la juez emitido en mayo pasado, en el que reprochaba a la Junta que había concedido la reapertura de la mina sin "el más mínimo rigor", Asensio compareció en febrero rueda de prensa y garantizó que el proceso tuvo la "máxima transparencia, rigor y objetividad".
Asensio, que fue cesada en agosto pasado, ofreció otra rueda de prensa tras el auto de la juez junto al secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández.
Ambos mostraron su confianza en que la investigación judicial se archivará y ponían la "mano en el fuego" sobre la "limpieza" del procedimiento para reabrir la mina, que daría empleo directo a 400 personas.
Fernández y Asensio basaron su confianza el archivo de la denuncia presentada, vía penal, por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, porque se trata de un procedimiento de concurrencia novedoso en España y "muy complejo", de forma que cuando la jueza reciba las explicaciones técnicas, "todo se solventará".
La directora general reconoció que la apuesta inversora de Emerita, por importe de 641 millones, es mucho mayor que la de México Minorbis, cifrada en 304 millones, pero ha incidido en que el pliego de condiciones establecía que se primaba la explotación.
En este sentido, dijo que el proyecto de explotación presentado por ambas empresas, que es el criterio más importante al puntuar sesenta sobre un total de cien puntos, recoge una diferencia "relevante" y, por tanto, la calidad técnica, la seguridad y la credibilidad del proyecto de explotación, así como la adaptación al entorno "han volcado la balanza" hacia México Minorbis.
Las declaraciones se prolongarán el 24 del mismo mes con otros acusados por la juez: tres miembros de las comisiones técnicas y de la mesa de contratación, así como a una funcionaria del cuerpo superior de Ingenieros de Minas.
