El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha convocado para este martes una sesión extraordinaria y monográfica sobre la vivienda en la ciudad, donde se recogen seis propuestas presentadas de forma conjunta entre PSOE, Participa Sevilla e IU con medidas para reactivar el Plan Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación, revitalizar Emvisesa, la defensa del derecho a la vivienda digna, medidas fiscales, la puesta en marcha del Consejo Municipal de la Vivienda y acciones en materia de relaciones con las entidades financieras.
Entre las propuestas conjuntas a debatir, recogidas por Europa Press, se incluye la puesta en marcha de una Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda que se propone que tenga un presupuesto mínimo anual de cuatro millones y de dos millones para el primer semestre de 2016. Esta oficina daría asesoramiento legal, ayuda en mediaciones, apoyo a la elaboración de un censo de viviendas vacías, entre otros. También se incluyen medidas como no poner medios municipales a disposición de órdenes de desahucio, salvo por orden judicial, y crear una bolsa de viviendas de alquiler social y un plan de ayudas al alquiler.
Igualmente, se recoge la colaboración con los Juzgados de Sevilla ante los desahucios, el tener en cuenta la especial protección de las víctimas de violencia de género o el apoyo del movimiento social por la vivienda digna.
Respecto al Plan de la Vivienda y la Rehabilitación, se propone estudiar su desarrollo en el periodo 2016-2020, apostando por erradicar infravivienda, fomentar las cooperativas y apoyar las políticas de vivienda municipal y priorizar accesos a los jóvenes y migrantes.
AUDITORÍAS, AYUDAS y BONIFICACIONES
Para la revitalización de Emvisesa, se plantean una serie de iniciativas al debate que incluyen garantiza las transferencias, no desahuciar, garantizar la adecuación de los alquileres, poner en marcha una auditoría de la deuda, promocionar las viviendas de alquiler, entre otros. La empresa habría de formular en seis meses el diagnóstico de la situación y redactar en un año el citado plan, además de reorganizar el servicio de demandantes, según una de las propuestas que se estudiarán.
Igualmente, se propone un recargo del 50 por ciento en la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para inmuebles de uso residencial desocupados y que hayan sido atribuidos a entidades financieras; una bonificación del 95 por ciento en el IBI para viviendas protegidas destinadas a alquiler, así como la inclusión de la posibilidad de declarar de especial interés las obras de construcción de viviendas protegidas para bonificar el 95 por ciento del ICIO.
Además, se recoge la exención del pago a aquellas personas con insolvencia sobrevenida que justifiquen la transmisión del inmueble mediante la dación en pago; bonificaciones en el IBI a las familias en riesgo de exclusión; bonificaciones a las familias que inviertan en rehabilitación de viviendas y ayudas relativas al pago de alquileres.
Por último, las mociones recogen distintas medidas a abordar con las entidades financieras para parar los desahucios y se apuesta por crear una mesa de negociación para que pongan sus viviendas vacías a disposición del parque público, una medida que ya ha anunciado este lunes el alcalde, Juan Espadas, que ha indicado que prevé reunirse con éstas la próxima semana.
