En un escenario en el que este miércoles expira el plazo habilitado para la ejecución del cerramiento perimetral de la zona franca de Sevilla, creada sobre 719.876 metros cuadrados del área de Torrecuéllar pertenecientes a la Autoridad Portuaria, el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), ha manifestado este martes que la obra de construcción del vallado "se acaba en plazo". "Podemos dormir tranquilos. Los requisitos se han cumplido. La obra está perfectamente en plazo", expone Espadas.
Estas obras, recordémoslo, habrían arrancado a finales del pasado mes de junio con un presupuesto de alrededor de un millón de euros, para la colocación de 3.400 metros de valla, la sustitución de luminarias y la habilitación de un acceso norte para vehículos pesados, toda vez que el pasado 15 de julio, las autoridades manifestaban, en una visita a la zona, que los trabajos alcanzaban un grado de ejecución del 50 por ciento.
Preguntado este martes sobre el estado de las obras, pues este miércoles expira el plazo habilitado por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública para la ejecución del vallado perimetral, Juan Espadas ha explicado que ha hablado personalmente con el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Gracia. Después de esa conversación, según ha expuesto, ha quedado patente que la obra "se acaba en plazo".
"Podemos dormir tranquilos. Los requisitos se han cumplido. La obra no ha tenido ninguna incidencia y está perfectamente en plazo", ha dicho Espadas, quien cree que la preocupación debe derivar a determinar "quién se va a ubicar allí". "Por fin el problema no va a ser el vallado, sino la comercialización de la zona franca", ha manifestado.
LA ZONA FRANCA
Recordemos que en enero de 2015, el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el ahora ministro de Hacienda y Administración Pública en funciones, Cristóbal Montoro, firmaban la constitución del consorcio gestor de la zona franca de Sevilla, que nacía sobre 719.876 metros cuadrados pertenecientes a la Autoridad Portuaria, con el objetivo de lograr un tráfico de mercancías superior a los 1,7 millones de toneladas anuales y una facturación anual de más de mil millones de euros.
Pero la orden ministerial emitida el 30 de agosto de 2013 para autorizar la constitución de la zona franca condicionaba su entrada en funcionamiento a la aprobación de los estatutos del consorcio gestor, del reglamento de régimen interior y de la contabilidad de existencias, así como a la ejecución de las obras de cierre del recinto. La citada orden, además, estipulaba un plazo máximo de dos años para el cumplimiento de dichos aspectos. La fecha tope, así, expiraba al acabar agosto de 2015.
LOS PLAZOS
Pero si bien el proyecto avanzaba correctamente en lo que se refiere a sus estatutos, el reglamento de régimen interior y la contabilidad, las obras del cerramiento perimetral constituían un inconveniente, dado que los plazos seguidos por el proyecto hacían imposible que su licitación, contratación e instalación estuviese lista antes del 30 de agosto de 2015.
Dado el caso, Zoido solicitó en el anterior mandato "la ampliación del plazo previsto, como consecuencia de la imposibilidad de finalizar las obras de cierre de la zona franca de Sevilla en dicho plazo". El ministerio, finalmente, accedía a esta petición, ampliando "un año adicional al previsto en el apartado citado, concluyendo el nuevo plazo concedido el 31 de agosto de 2016".
Posteriormente, Juan Espadas y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas revisaban la situación del proyecto, porque según Cristóbal Montoro, con la "fecha límite" del 31 de agosto de este año tampoco "da tiempo a hacer todo el vallado".
Por eso, el Ayuntamiento y el Ministerio acordaron ejecutar en el tiempo que restaba hasta este 31 de agosto de 2016 una "primera fase" del cerramiento perimetral circunscrito al área de Torrecuéllar, para que la zona franca comience a funcionar en esos términos dentro del plazo estipulado y continuar después con el cerramiento del resto de su perímetro.
