La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha incoado un expediente sancionador que incluye una propuesta de sanción de 30.300 euros, contra los propietarios de un edificio encuadrado en el sector Catedral del conjunto histórico que no habrían cumplido la orden dictada en 2013 para que acometiesen medidas de seguridad y salubridad en este inmueble, que además goza de un grado de catalogación.
Según la documentación recogida por Europa Press, fue allá por septiembre de 2013, hace ahora cuatro años, cuando la Gerencia de Urbanismo ordenó a los propietarios de un inmueble ubicado en la calle Padre Marchena las "obras necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público". Y es que el edificio en cuestión, con claras muestras de abandono, se incluye en el sector Catedral del conjunto histórico artístico de Sevilla.
Es más, el edificio como tal, pese a su estado, cuenta con un nivel de Protección "E", es decir protección ambiental, en el planeamiento urbano vigente.
"INFORME DE INCUMPLIMIENTO"
El caso es que tras aquella orden de septiembre de 2013, el pasado mes de febrero, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo cursaron una visita de inspección a la calle Padre Marchena, fruto de lo cual acabaron emitiendo un "informe de incumplimiento", al no haber sido acometidas las medidas requeridas en dicho edificio.
En ese sentido, la Gerencia de Urbanismo recuerda que la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma estipulan que "se sancionará con multa de 600 euros a 60.000 euros el incumplimiento de conservar y rehabilitar las construcciones y edificaciones que el instrumento de planeamiento considere de especial protección por su valor arquitectónico, histórico o cultural".
Dado el caso, la Gerencia de Urbanismo ha resuelta iniciar un expediente sancionador contra los propietarios del inmueble "por el incumplimiento de las medidas de conservación ordenadas". En el marco de dicho expediente, con su correspondiente periodo de alegaciones para los propietarios afectados, se aboga por una propuesta de sanción de 30.300 euros para los dueños de esta construcción.
