Participa denuncia que este martes 19 de junio se producirá el desahucio de 5 familias que viven en unas casas bajas alquiladas en Valdezorras tras el dictamen de un juzgado de Sevilla, y en los servicios sociales del Ayuntamiento no se han previsto soluciones habitacionales permanentes más allá de los 15 días de una vivienda tuteladaque les ofrece servicios sociales a familias con hijos menores a dosde estas familias, las otras tres se quedarán en la calle. Estas familias viven en unas casas en precarias condiciones en un terreno en Valdezorras en la carretera de Brenes SE8008, un lugar que anteriormente fue un centro de rehabilitación de alcohólicos y que luego el dueño lo reformó parcialmente para hacer casas individuales. Esas viviendas no tienen cédula de habitabilidad porque el dueño no regularizó la situación del terreno en Urbanismo como uso de vivienda, con lo cual las viviendas no tienen agua ni luz.Se da la circunstancia, además, de que esos terrenos se hanexpropiado por parte de Urbanismo para poner en marcha la construcción de enlace de la Ronda Supernorte con el acceso de la SE-20 a un centro comercial que iba ser IKEA y que luego rechazó.
“A estas familias hay que darles una solución habitacional permanente como a cualquier persona de esta ciudad tal cómo se comprometió el PSOE y el alcalde de otorgar vivienda a personas con problemas como un derecho en el acuerdo de investidura o en el Pleno de Medidas de Emergencia de la Vivienda. Además, una vez más, volvemos a exigir que esa solución debe producirse antes del desalojo, y aunque en este caso una vez más no ha funcionado el protocolo de la Justicia, este caso sí lo conocen desde el ayuntamiento pero todavía no se ha hecho nada más allá de los habituales 15 días en un Hostal o un piso tutelado para familias con menores”, denuncia Cristina Honorato.
Para la concejala de Participa, Cristina Honorato, en este caso queda patente cómo la administración es complaciente con el especulador y sin embargo, con las personas inquilinas se desentiende de su problema como si no le concerniera. “Pero es que en este caso concurre el agravante de dejación defunciones de la administración porque Urbanismo sabía que había unas viviendas habitadas que se estaban alquilando sin la correspondiente cédula de habitabilidad, permitiendo que el dueño cobrara un alquiler no regularizado con Hacienda, sin luz ni agua, y que ahora ha expropiado los terrenos como parte del proyecto de construcción del acceso de la carretera SE-20 de San Nicolás Oeste. Este caso le concierne totalmente, no puede ahora desentenderse de estas personas como si fuera un caso privado”, argumenta Cristina Honorato.
El dueño de estos terrenos llevó a juicio a las familias cuando éstas habían puesto una reclamación en los juzgados para que el dueño les arreglara las viviendas ya que no tenían agua ni luz, no hacía reforma alguna de la infraestructura y vivían en condiciones precarias.“No se puede permitir que este señor que se ha lucrado con las viviendas estafando alas familias, se salga ahora de rositas cuando ha estado defraudando a Hacienda y a la administración, incumpliendo las normas y sean sólo las familias las que paguen el pato quedándose en la calle”, denuncia la concejala de Participa. ”Nos extraña la actuación del juez que hayasentenciado un desalojo por impago de un alquiler de unas viviendas que legalmente no existen pasando por lo alto la irregularidad manifiesta de las mismas. Se da el caso de que otro juez falló a favor de otro inquilino contra la propiedad, por lo que vemos un caso contradictorio.”
Participa exige al alcalde y al gobierno del PSOE que deben investigar la actuación de este expediente en Urbanismo para encauzar legalmente este problema y no mirar para otro lado.“Se dicen ser progresistas y cumplidores de la Ley pero aquí tenemos un caso clarísimo de cómo las instituciones sirven a los poderosos, les permiten incumplir la ley, pero sin embargo no mueven un dedo por familias pobres y sin recursos. Denotan su carácter clasista, esto es un pobrericidio”
Para la formación verde morada, en una ciudad donde hay casi 4 deshaucios al día, en la que se producen 1.841 procesos judiciales en 2017, un 20% más que el año anterior, y donde ayer mismo el INE volvía a ratificar que los 3 barrios más pobres del Estado Español están en Sevilla, afrontar la emergencia habitacional y social debe ser una prioridad para Sevilla y desde un inicio así lo hizo constar en los pactos de investidura con el PSOE y en los diferentes presupuestos municipales aprobados hasta ahora. “Estamos ya cansadas de exigirlo constantemente, de tener que ir tras el delegado de Bienestar para resolver los casos urgentes cuando sólo tienen que poner en marcha los acuerdos que ellos mismos han firmado como el protocolo con la Justicia para dar respuesta a los deshaucios, dotar con recursos a la Oficina de la Vivienda o ampliar el parque público de vivienda, del que nos felicitamos de que por fin se vaya a ejecutar la partida de 1,2 millones que incluimos en los presupuestos de 2016, aunque tarde y de manera insuficiente”, termina argumentando la concejala de Participa.
