El juzgado que está tratando el brote de listeriosis ha citado como nuevos investigados a los administradores de Comercial Martínez León, que distribuyó carne mechada de Magrudis, y ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que informe de las revisiones que efectuó en la nave donde apareció la bacteria.
Según ha informado este jueves la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha dictado una providencia en la que convoca para el próximo 17 de diciembre a los administradores solidarios de Comercial Martínez León, A. M. L. y D. M. L., así como a sus familiares D. M. M. y S. L. G., todos en calidad de investigados.
En la providencia, fechada el 11 de noviembre y a la que ha tenido acceso Efe, la jueza Pilar Ordóñez también ordena que se libre un oficio al servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla para que informe al juzgado de "si incoó algún expediente sancionador" a Magrudis después de la inspección del 24 de noviembre del 2016.
Durante esa visita, los técnicos municipales detectaron que "existía sistema de autocontrol" en Magrudis pero también que "faltaba cumplimentar las diferentes hojas de registro".
La instructora recuerda que sólo constan dos actas de inspección, la ya citada y otra del 18 de julio del 2017, por lo que solicita al Ayuntamiento que aporte "el resto de las actas de inspección realizadas" en Magrudis y que indique "el personal que las llevó a cabo".
Respecto a esas dos actas y "otras, si existieran", la magistrada insta al Consistorio a aportar "las actas de recogidas de muestras de productos, comprobaciones sobre superficies, recogida de muestras del ambiente interior y comprobaciones sobre el tratamiento del aire interior".
El Ayuntamiento también deberá informar al juzgado de si hubo "alguna revisión o examen técnico" entre la apertura del expediente de 2018 y el 26 de agosto del 2019 y de quién era "la persona encargada de su control posterior y revisión".
La jueza Ordóñez, por otro lado, anuncia en la providencia que esperará a que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil presente el atestado con que cerrará la investigación antes de decidir si toma declaración como responsables civiles subsidiarios a los técnicos del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
También ordena la práctica de una prueba caligráfica para determinar si la firma de la declaración ambiental que Magrudis presentó en el Ayuntamiento es del gerente de la empresa, José Antonio Marín, o de su hijo Sandro, ya que "puede que no pertenezca" a este último.
La instructora, por último, pide a Laboratorios Biocontrol que entregue los informes que realizó sobre "control de ambiente interior" en las naves de Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario.
Además de estas diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla admite la personación de doce nuevos perjudicados.
