Ecologistas en Acción ha incorporado a la investigación judicial de la adjudicación de los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) dos informes "desfavorables" a la solicitud de vertidos del actual proyecto de reapertura del recinto y que coinciden con el 22 aniversario de la catástrofe medioambiental derivada del vertido masivo de lodos tóxicos al río Guadiamar, por una fractura en la balsa de residuos de metales pesados de la mina, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
En un comunicado remitido con motivo de la efeméride, Ecologistas en Acción ha señalado el proyecto de reapertura de la corta minera de Los Frailes, cuyos derechos de explotación fueron adjudicados en 2015 por la Junta de Andalucía a la agrupación empresarial México-Minorbis, en la que participa la empresa andaluza Magtel, al objeto de reanudar las labores extractivas de mineral.
Del mismo modo, ha recordado la investigación penal que sigue el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla sobre dicha adjudicación, merced a la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude interpuesta por la sociedad Emerita Resources España, que competía con México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación del complejo minero de Aznalcóllar.
La juez instructora, Patricia Fernández Franco, ha archivado en dos ocasiones las diligencias incoadas tras la citada denuncia de Emerita, pero en ambas ocasiones la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación judicial.
LAS DECISIONES JUDICIALES
En su última providencia, emitida el pasado 13 de marzo y recogida por Europa Press, la juez instructora ha pedido a las partes personadas en el procedimiento judicial que se pronuncien sobre "el curso" del mismo al no apreciar ya "diligencias de investigación pendientes de practicar", es decir que se decanten entre un nuevo sobreseimiento de las actuaciones o continuar los trámites hacia la celebración de un juicio en toda regla.
Al respecto, Ecologistas en Acción ha informado de que ha elevado a la juez instructora un informe del área de calidad de aguas de la CHG y otro del Instituto Geológico Minero de España (IGME), incluidos en el expediente de solicitud de vertido del actual proyecto de reapertura de la mina, porque "ambos informan desfavorablemente ese vertido, por sus consecuencias tóxicas".
Y es que la propuesta, según los ecologistas, implica "verter 14 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas a la Zona de Especial Conservación Corredor Ecológico del Guadiamar, incumpliendo de manera radical lo establecido en las bases del concurso".
LAS BASES DEL CONCURSO
"En las bases del concurso minero se establecía la prohibición de 'incluir la construcción de un depósito de lodos, ni de un acúmulo de residuos líquidos tóxicos que puedan producir un vertido contaminante' y también incluía la obligación expresa de que "las labores mineras no afectarán a los espacios naturales protegidos, en particular al Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar, ni producirán un menoscabo de la cuenca' de este río", señalan los ecologistas.
Al respecto, avisan de que "las autoridades y funcionarios investigados por el Juzgado informaron en 2015 favorablemente la propuesta que Minosbis-Grupo México presentaba como 'vertido cero', pero que debió ser inadmitida por incumplimiento flagrante de las bases del concurso".
Dado el caso, los ecologistas solicitan a la juez instructora que declaren en sede judicial el presidente de la CHG y del técnico de la CHG redactor del informe "desfavorable" sobre el vertido propuesto, un informe fechado el 30 de abril de 2019, recogido por Europa Press y que declara la "improcedencia del vertido en las condiciones presentadas" y reclama "correcciones" al respecto, pues en caso contrario la solicitud de vertido sería "denegada".
Finalmente, los ecologistas consideran que la juez instructora debe realizar "una comunicación expresa a Minera Los Frailes", la sociedad instrumental creada por México-Minorbis para las operaciones de reapertura y explotación de la mina, "sobre las diligencias previas que instruye desde hace cinco años, donde se cuestiona la propia legitimación de esa empresa para tramitar y realizar operaciones mineras" al ser los derechos adjudicados a México-Minorbis y no a su filial.
