De los 109.388 ciudadanos ucranianos en edad de trabajar con autorización de residencia y trabajo en España por protección temporal, tan solo 13.695 personas, es decir, el 13 %, estaban dadas de alta laboral en la Tesorería General de la Seguridad Social al término de 2022.

Son las cifras sobre la inserción profesional de los refugiados ucranianos llegados a España en los últimos meses tras la invasión rusa de Ucrania, recogidas en un análisis del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), que coinciden con las estimaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

La dificultad en el aprendizaje del idioma es el principal obstáculo en la inserción laboral de estas personas, según explica a EFE la coordinadora estatal de Inclusión de CEAR, Raquel Santos.

Pero también han influido otros factores como la incertidumbre sobre cuándo podrían regresar a su país y la dificultad para conciliar, pues la mayoría de ellas son mujeres con hijos en edad escolar que no empezaron el colegio en España hasta septiembre.

"Ahora empieza a haber más contrataciones, pero de marzo a diciembre las inserciones han sido mínimas", corrobora Santos, y apunta que, de hecho, no se han "podido cubrir" todos los puestos de trabajo que las empresas "han ofrecido" a refugiados ucranianos a través del servicio de empleo de la organización.

Para acceder a este servicio, es requisito indispensable para cualquier persona refugiada tener un mínimo conocimiento del español, un nivel A1 o A2, a lo que generalmente se dedican los seis primeros meses tras la llegada a España.

Según Santos, dichos plazos, así como los procesos iniciales de adaptación y formación profesional, coinciden con el incremento en las contrataciones que observan en CEAR en los "dos últimos meses".

Ahora que ha pasado casi un año desde la invasión rusa de Ucrania, la previsión de la ONG es que esta tendencia se mantenga al alza y los trabajos "aumenten", puesto que también muchas de las personas que llegaron a España con pocas certezas sobre cuándo podrían volver a sus hogares han asumido que el conflicto "va para largo".

O "han salido de los centros de acogida y han pasado a la fase de autonomía, y han visto que el tiempo dentro del sistema de acogida finaliza y también lo hacen las ayudas", añade Santos, por lo que la necesidad de encontrar un empleo se hace más urgente.

Desde que el 10 de marzo comenzara a otorgarse la protección temporal y hasta el 31 de diciembre, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y la Policía Nacional habían concedido 157.180 de estas autorizaciones que conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de 16 años, también el de trabajo.

De esa cifra, el 64 % son mujeres, es decir, 100.295 personas, mientras que el 36 % son menores de 20 años (56.493).

Y este es un hecho que también influye en la demora en la inserción laboral por la dificultad en la conciliación para las madres con hijos en edad escolar, pues "muchos siguieron con el curso online en Ucrania" y no se incorporaron a colegios españoles hasta el inicio del nuevo en septiembre.

De los 13.695 refugiados ucranianos con alta laboral, 2.013 trabajan en hostelería, 1.170 en construcción y 1.064 en programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, según el OPI.

En cuanto al tipo de contrato, los predominantes son el indefinido a tiempo completo, con 4.826 puestos (35 %), y el indefinido a tiempo parcial, con 2.945 empleos (21 %).

Y los grupos de cotización más numerosos son los no cualificados (3.841 personas) y los oficiales de tercera y especialistas (2.348), mientras que el OPI destaca "la presencia de 750 ingenieros licenciados y 1.763 administrativos en alta, en sus diferentes niveles".

De hecho, Santos señala "un nivel educativo y profesional un poquito más alto que la media de las personas refugiadas" que normalmente reciben y acompañan en CEAR, razón que en muchos casos ha provocado que hayan tenido que "bajar su categoría" tras no haber cumplido con la "expectativa de poder retomar su profesión aquí".