El Grupo Parlamentario Popular ha decidido poner plazo a las actividades permitidas en Parques Nacionales, incluida la caza, y establecer que estas excepciones se mantengan hasta finales de 2020 o principios de 2021.

   Para ello, ha presentado una nueva enmienda para su debate en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, que dictamina este martes el proyecto de Ley de Parques Nacionales, con el objetivo de limitar las excepciones a las actividades permitidas en los artículos 6 y 7 de la Ley, como la caza en el Parque Nacional de Cabañeros, que tendrían que llegar a su fin seis años después de la entrada en vigor de la futura norma.

   Sin embargo, durante el debate, el senador del PSOE Miguel Fidalgo ha criticado que el PP haya presentado una enmienda nueva al texto y ha pedido un informe a la letrada de la Comisión para determinar si la presentación de esta nueva enmienda se ajusta a la adecuada técnica parlamentaria.

   A juicio de los socialistas, el PP debería haber presentado una enmienda transaccional acordada con algún otro grupo y no una propuesta completamente nueva ya que el plazo para presentar enmiendas propias al texto finaliza antes de que se iniciara el trámite de Ponencia. La presidenta Comisión, María Jesús Ruiz, ha suspendido la sesión para que los senadores llegaran a un acuerdo sobre la cuestión.

   Según ha explicado el senador del PP Vicente Aparici, en base a la voluntad de diálogo con el resto de grupos parlamentarios, la última semana de octubre se decidió aplazar la presentación de enmiendas al texto procedente del Senado, al menos hasta la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de este martes, debido el rechazo generalizado a la enmienda 278 que, a juicio de oposición y ecologistas, abría la puerta a permitir la caza y otras actividades "a perpetuidad" en los espacios de mayor protección natural del país.

   Así, la nueva propuesta del PP, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que las administraciones públicas adoptarán "en un plazo máximo de seis años a partir de la entrada en vigor" de la ley las medidas "precisas" para adecuar la situación de los parques nacionales que ya están declarados, excepto en lo relativo a las superficies mínimas establecidas.

   Esto supondría, según Aparici, que "se pone coto de término" a las situaciones permitidas hasta la actualidad pero "no se darán derechos nuevos" para realizar actividades que no estén permitidas.

   A su juicio "ya no queda la puerta abierta a seguir cazando u a otras actividades, sino que queda definitivamente cerrado el plazo". Asimismo, una vez concluido ese periodo de seis años, serán las administraciones las que tendrán que promover acuerdos voluntarios y, en su defecto, tendrán que aplicar los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos.

ACUERDOS VOLUNTARIOS CON CRITERIOS TÉCNICOS

   El texto añade que los acuerdos voluntarios tendrán que celebrarse sobre la base de los criterios técnicos que elaborarán las Administraciones Públicas gestoras de cada Parque Nacional, con la participación de los propietarios y que los planes rectores de uso y gestión de estos enclaves que gozan de la mayor protección tendrán que incorporar "en todo caso", el contenido de los acuerdos voluntarios.

   De este modo, el PP en el Senado justifica este texto alternativo en la necesidad de establecer que la adecuación de los Parques Nacionales ya declarados a la Ley se realice "con seguridad jurídica".

   Los artículos 6 y 7 del proyecto de Ley establecen que los requisitos para un Parque Nacional son estar ocupado en una superficie adecuada por formaciones naturales que no tengan aprovechamientos de carácter agrícola, forestal, o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas.

   Además, no podrán contener actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, ni instalaciones dedicadas a uso deportivo, industrial o de ocio no integradas en los programas de uso público o de visita del parque nacional.

   El la superficie que se proponga incluir en un Parque Nacional no podrá existir suelo susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizado y, si se encontraran elementos artificiales en el espacio propuesto como parque nacional, estos deberán guardar vinculación histórica y cultural y estar integrados en el medio natural, salvo casos debidamente justificados y que sean compatibles con los objetivos de conservación del Parque Nacional.

   Por otro lado, durante el debate, la Comisión de Medio Ambiente ha rechazado, con los votos del PP, ocho vetos presentado por la oposición al proyecto de Ley.