El bono social eléctrico beneficiaba a 706.118 perceptores, según los datos a 31 de agosto del Ministerio de Transición Ecológica a los que ha tenido acceso Europa Press. La ampliación de esta ayuda, aprobada recientemente por el Gobierno, deberá ser convalidada esta semana en el Pleno del Congreso y está previsto que PSOE y Unidos Podemos aprovechen su tramitación para incluir en ella parte de las medidas pactadas en su acuerdo de Presupuestos.
Con el decreto ley, el Gobierno de Pedro Sánchez aumenta los supuestos en los que puede accederse a la ayuda, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz.
Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.
Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante seis meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del 'impuesto al sol', eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.
LA REFORMA DEL BONO SOCIAL SE NEGOCIARÁ EN EL CONGRESO
A la espera de su convalidación, cuyo debate está previsto para el Pleno de este jueves, el Gobierno y Unidos Podemos han pactado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de introducir cambios en el Congreso.
Y es que el acuerdo alcanzado para el apoyo del grupo confederal a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 incluye expresamente la negociación conjunta de enmiendas a esta ley, con el fin de introducir los cambios pactados en el bono social, que extiende todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.
El acuerdo establece que la renta será, a partir de ahora, el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal.
FINANCIADO "ÍNTEGRAMENTE" POR LAS EMPRESAS
Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar "íntegramente" esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.
El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará en función de la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor.
Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a cuatro meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que deberá contar con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
MADRID CONCENTRA UNO DE CADA DIEZ BENEFICIARIOS
Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra uno de cada diez hogares que tienen concedido el bono social eléctrico en España.
Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%).
En el otro extremo se encuentran, principalmente, aquellas provincias menos pobladas --Ceuta y Melilla apenas suman el 0,1% de beneficiarios respecto al total nacional-- como Soria (0,2%) o Segovia y Teruel (0,4% ambas), pero también provincias con mayor población como Álava (0,5%), un porcentaje que también concentran Palencia, Huesca, Guadalajara y Lleida.
