Ayudas, Ayudas: Derecho a recibir deber de dar.

El comentario se ha venido extendiendo por todo el tejido social y es de general conocimiento que quienes perciben ayudas por estar desempleados no siempre tienen intención de trabajar. El concepto de ayuda de por sí es bastante denigrante ya que para dignificar cualquier ayuda se precisa que la persona que es ayudada muestre voluntad de devolverla cuando esté en condiciones para ello. Por otro lado los automatismos, para que quien queda despedido o se encuentre en situación precaria, permiten objetivar las situaciones conjurando la tentación de hacer distingos para beneficiar a unas y perjudicar a otras. Sin embargo quienes conocen la ley saben de la trampa y de hecho es posible que fraudulentamente se accedan a ayudas. El escandaloso fraude de los ERES en Andalucía colea, aunque las trampas se siguen haciendo políticamente hablando y la justicia politizada archiva las numerosas causas abiertas exonerando a quienes defraudaron. Y a pesar de estas millonarias estafas el ojo del huracán se pretende dirigir a las personas que activan las ayudas haciendo triquiñuelas y malabarismos, para que varios miembros de una misma familia cobren las ayudas situándolas en distintos domicilios por ejemplo. Como todo el mundo sabe que nadie comprueba nada se pueden manipular los datos para que cuadrando en el perfil la ayuda llegue automáticamente. Millones de personas cobran las ayudas que les corresponden y muchas de ellas las agotan quedando en la mayor de las indigencias. Posiblemente un porcentaje pequeño, o no tanto, comentan un fraude. Por eso y por puro sentido de la justicia, se impone un riguroso y exhaustivo control de las vidas y haciendas de quienes perciben una ayuda por pequeña que esta sea. Aquellas personas que rozan la delincuencia se abstendrán de pedir ayuda ninguna ya que al recibirla estarán sometidas a “vigilancia”. Quienes realizan trabajos fuera de la legalidad también mostrarían alguna reserva para solicitar las ayudas, ya que tendrían que dar cuentas del diario discurrir de sus vidas y sería detectado el fraude laboral que cometen. Esta situación de compaginar la ayuda con trabajos sin declarar no es infrecuente, llegando a ser una de las causas de que estas personas rechacen las ofertas de empleo que reciben del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por ejemplo. En varios foros de debate se analiza esta discrecionalidad de quien solicita trabajo y nunca acepta lo que se le ofrece. También no es extraña la práctica de trabajar un tiempo suficiente para obtener la ayuda y negociar con la empresa un despido improcedente, por ejemplo. La casuística es muy amplia y en cada caso las circunstancias son particulares. No obstante el tema de las ayudas debe ser revisado y en este sentido el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) parece comenzar a advertir los desempleados que “aquellos que no puedan demostrar que están buscando activamente trabajo pueden perder su prestación” Y esta medida entrará en vigor el 1 de noviembre, al activarse la reforma de los subsidios de desempleo. Al mismo tiempo hay que revisar las cuantías de las ayudas, que podrían reconducirse a préstamos con obligación de devolución. Las ayudas son ridículas porque los políticos que establecen la cuantía sabe que quienes llaman a la puerta carecen de casi todo y una persona hoy no puede vivir con algo más de 500 euros los primeros 6 meses y menos de 500 el resto. También preocupa que esta medida afectará especialmente a los parados de larga duración, que reciben la Renta Activa de Inserción (RAI) o el Subsidio Extraordinario de Empleo (SED). ¿Cuántas personas desean trabajar pero el mercado no lo quiere? Y si eso es así, obligación de las administraciones publicas es generar el empleo que permita a estas personas ganarse un salario digno y sentirse socialmente útiles. Reducir la edad de jubilación ayudaría si las pensiones permitieran vivir dignamente. El núcleo de la necesaria, aunque insuficiente, iniciativa del SEPE está en cómo se demuestra que la persona en desempleo “está buscando activamente trabajo”. Se habla de un “certificado” ¿Quién lo expedirá? ¿Mediante que protocolo de supervisión se justificará el mismo? Parece más objetivable que quien pide ayuda se le ofrezca trabajo y que si rechaza varias propuestas decaiga el derecho a la prestación. Más claro agua. El otro asunto de calado es la misma filosofía de la ayuda. Porque todas son a fondo perdido. Parece preciso que quien recibe la ayuda tenga obligación, cuando sus medios lo permitan, de devolverla. De esta forma todos los retornos de dinero “prestado” por hacienda, permitirán generar nuevos préstamos de ayuda a más personas. Otro aspecto a corregir es que quien recibe la ayuda no pueda gastarla en el extranjero. En este territorio fronterizo no parece excepcional que se cobren ayudas en España y se gasten en Marruecos, por ejemplo. La libertad de movimiento de las personas es sagrada, pero el dinero que se recibe de la ayuda es para gastarlo en el país que ayuda. Todas las propuestas de la mejora del sistema de ayudas residen en el aumento del control, de forma que, inexistentes y necesarios, departamentos supervisores, tanto de las personas atendidas, como de las administraciones públicas que deben hacer los seguimientos, puedan identificar el fraude. En la reforma que entra en vigor en noviembre está por ver quien controla los “certificados”. El alcance de las medidas disciplinarias previstas muestra una mentalidad que minusvalora la gravedad que supone defraudar al común. Considera el SEPE que el incumplimiento de esta obligación de búsqueda activa de empleo se considerará una infracción administrativa, con las siguientes sanciones: Primera leve se pierde 1 mes, hasta la cuarta no se pierde la ayuda en su totalidad. Y de las graves la primera se sanciona con la pérdida de 3 meses de prestaciones y a la tercera (va la vencida) desaparece la ayuda. Importa considerar que quien defrauda lo hace con dinero público. Obligación de restituirlo es indispensable además de hacer frente a una sanción disciplinaria por el fraude. Un timo en toda regla al conjunto de la sociedad, un robo, una apropiación indebida. En esto la ley debe actuar igualmente porque la actividad delictiva no se circunscribe al ámbito administrativo, algo tendrá que ver el civil y penal. Y si de insolvencia, precariedad, necesidad vital… se trata, cabe siempre traducir en trabajo social la restitución a la sociedad del daño causado. Ayudas las hay, no siempre llegan a quienes las precisas, no siempre son suficientes, los políticos han diseñado un entramado de ellas: El listado de ayudas es amplio: INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV), PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC), AYUDAS POR DESEMPLEO 2024, BONO CULTURAL JOVEN DE 400 EUROS. AYUDAS PARA AUTÓNOMOS, AYUDAS EMPRENDEDORES, AYUDAS A LA FAMILIA. AYUDAS PARA JÓVENES. AYUDAS PARA VIVIENDA. AYUDAS DE LA LEY DEPENDENCIA. AYUDAS POR DISCAPACIDAD. AYUDAS VIOLENCIA DE GÉNERO. AYUDAS OTROS COLECTIVOS. RENTAS DE INSERCION. ¿Algo que ver con votos agradecidos o cautivos? Todas ellas a fondo perdido. Hay tanta urgencia de desarrollar actividades socialmente necesarias que parece escandaloso dar ayuda a fondo perdido sin pedir colaboración para atender esas urgentes necesidades sociales.  Fdo Rafael Fenoy