El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido “infectados” con el software Pegasus, según un informe del Centro Criptológico Nacional.

Tal y como ha explicado Bolaños, el presidente del Ejecutivo ha sufrido “dos intrusiones” en mayo de 2021, mientras que la ministra ha padecido “una intervención” en junio del mismo año. Al mismo tiempo, ha aclarado que no existen pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas.

El informe plasma el volumen de datos que se extrajeron de esos móviles, pero se desconoce todavía cuales son los contenidos. En concreto, del teléfono móvil de Sánchez se extrajeron 2,6 GB en la primera intrusión y 130 MB en la segunda, mientras que del dispositivo de Robles fueron 9 MB.

El ministro ha destacado que se trata de “unos hechos de enorme gravedad” que confirman que “se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley”. “Son hechos que están contrastados y no son suposiciones”, ha asegurado Bolaños. A su vez, el ministro ha confirmado que existe constancia de que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos veinte países, y que entre las victimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos o informadores.

El Gobierno quiere que la Justicia investigue para conocer "toda la verdad". Por ello, el ministro ha trasladado que han puesto a su disposición toda la información de la que disponen. “La información que ya ha sido transmitida a los tribunales, se complementará con toda la información que vaya arrojando la investigación que está en curso, hasta conocer toda la verdad”, ha declarado el ministro de la Presidencia.

Bolaños ha manifestado no tener ninguna duda de que estamos ante intervenciones "ilícitas" y "externas", puesto que "en España, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial".

Ante esta situación, el ministro ha afirmado que “el Gobierno va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos y libertades fundamentales y reforzará cualquier procedimiento que sea necesario para garantizar los derechos de los ciudadanos”.