El portavoz de los afectados, José Luis Velázquez, explicó que él mismo fue uno de los detenidos, cuando fueron acusados de “desobediencia y resistencia a la autoridad”, algo que niega por considerar que fue la Policía la que “agredió a algunos de los detenidos física y verbalmente”.
Por su parte, ensalzó la actuación de los efectivos de la Guardia Civil el mismo día 21, ya que, en su opinión, actuaron “de forma profesional, instando a los vecinos a salir pacíficamente y escoltándolos luego sin que ninguno de ellos fuera detenido”. Según dijo, aún se está estudiando la forma en la que se presentará la demanda, quienes solicitarán el levantamiento del historial policial que pesa sobre ellos, ya que “somos 30 ciudadanos que nunca hemos tenido problemas con la justicia y, tras la detención, contamos con antecedentes ”.
Huelga de hambre
Por otro lado, el promotor de las viviendas, de 64 años de edad, lleva ya dos días en una huelga de hambre “indefinida” ante la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana como medida de protesta. Según dijo Velázquez, esta persona vendió las propiedades a sus hijos, que son “los actuales propietarios de las viviendas”, por lo que “no fueron construidas con fines especulativos”.
Versión municipal
Según explicó el Ayuntamiento el día de la demolición, estas casas fueron levantadas de forma ilegal para venderlas, violando el constructor numerosos requerimientos municipales en diferentes ocasiones, llegando incluso a romper seis precintos.
En este sentido, insistió en que las diez viviendas fueron construidas con “fines especulativos” por parte de una empresa familiar de la localidad y, a pesar de que a comienzos de 2007 se le notificó al promotor que parase la construcción, éste la continuó. Así, concluyó que en las últimas semanas dejó las casas a familiares, por un lado, y alquiló a otras personas sin informarles .
