Por ley, la vigilancia de una calle es de la función pública, es decir, de la Policía, pero no siempre la presencia de los agentes, ya sea de la Local o de la Nacional, es suficiente para erradicar un foco de delincuencia y de peleas. Es lo que les ha pasado a vecinos y comercios de la céntrica calle Medina que, agobiados desde hace años por la presencia de extranjeros que se dedican al mercadeo de aparatos electrónicos y móviles de segunda mano -en algunos casos con artículos de dudosa procedencia- a las puertas del Cash Converter han acabado recurriendo a la vigilancia privada. Lo han hecho muy a su pesar, y no saben cuánto tiempo podrán soportar pagar al mes 2.500 euros por su seguridad. Llevaban tiempo advirtiéndolo y en noviembre se cumplieron sus peores presagios cuando uno de estos ciudadanos era gravemente apuñalado en plena calle por otro tras una discusión. Era muy frecuente que llegaran a las manos y la Policía había tenido que intervenir en varias ocasiones. Un trabajador de un bar de la calle se encargó de avisar a una ambulancia. El suceso fue la gota que colmó el vaso y dio lugar a un dispositivo fijo de la Policía Nacional y la Local en las horas de actividad comercial hasta que no se erradicara definitivamente el problema. Ese al menos era el compromiso adquirido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, y el propio subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, en la reunión que mantuvieron con los comercios y los vecinos afectados, pero el operativo apenas ha llegado al segundo mes.
Preocupados porque la relativa normalidad que habían logrado, con menos presencia de estos individuos, (han llegado a juntarse más de una veintena) se fuera al traste, los vecinos de la calle y los negocios han acabado contratando a un vigilante privado. Los 2.500 euros los costean a medias, entre el propio establecimiento de compra y venta de segunda mano, mientras que el 50% restante corre a cargo de los residentes de la vía y las tiendas. Las rondas del guarda jurado sirven para disuadir las reuniones de estas personas, que a plena luz del día no tienen reparo en abordar a los clientes que van a entrar al local de la conocida cadena, o simplemente a los transeúntes que pasan por la calle. Los más resabiados directamente cruzan al otro lado de la acera, mientras los gritos cuando alguien les “arrebata” a un cliente potencial al que le hacen sus propias ofertas antes de acceder al Cash Converter han formado parte de la rutina de una calle que ha visto seriamente deteriorada su imagen por esta práctica.
El problema es que no saben hasta cuándo van a poder seguir haciendo frente al pago de este servicio, que suele equivaler a una letra extra de unos 25 euros más al mes por un servicio que deben realizar los funcionarios de la administración pública. “Si no dábamos este paso, todo lo que habíamos avanzado lo íbamos a perder; y ahora la calle está mucho más limpia de esta práctica, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a poder soportar este gasto. Lo que no queremos es que estos sujetos vuelvan a ganar terreno, pero claro, esto nos está costando el dinero”, advierte Antonio Calvo, presidente de la asociación vecinal La Albarizuela. Tanto él como sus vecinos y comerciantes lamentan que tengan que pagar por la seguridad ciudadana pagando sus impuestos, mientras en otras calles como Larga, a pocos metros, la presencia del 091 y 092 es constante. “Nosotros también somos una calle de primera, pagamos los mismos impuestos que ellos y encima nos tenemos que costear esto; no se nos trata igual”, se queja.
La doble discriminación de vivir en una ‘vía de primera’
Los negocios y los vecinos de la calle Medina llevan años reclamando una remodelación integral que ponga fin a los problemas del acerado y la calzada y las barreras arquitectónicas con las que lidian a diario. Lo han pedido por activa y por pasiva en escritos registrados por la Asociación Unión de Comerciantes (Asunico), después de que la estrechez de las aceras haya provocado más d e un susto a impedidos en silla de ruedas o incluso a las madres a la hora de avanzar con su carrito de bebe hacia calle Honda y otras vías de la zona.
El Ayuntamiento no les ha dado el “no” por respuesta pero su predisposición a materializar estos proyectos en un futuro tampoco es suficiente si las actuaciones no llegan, aseguran tanto desde Asunico como de la AVV La Albarizuela, que se ha reactivado en los dos últimos meses.
Se sienten discriminados. No entienden como pagando los mismos impuestos que otras calles del centro, tengan que esperar años para que se les arregle la acera, cuando en ese tiempo se ha hecho lo propio en más de una ocasión en calle Larga. “En el centro hay más calles, y lo que no se puede es enfocar todo al mismo sitio. No hablo sólo por Medina, me refiero también a Arcos, Bizcocheros y otros puntos a los que damos cabida en esta asociación”, indica el presidente del colectivo vecinal Antonio Calvo, que reivindica el arreglo integral de Medina, una calle que pese a albergar espacios tan importantes como el teatro Villamarta sigue esperando la llegada de los obreros.
“No se nos trata igual. Nos pagamos la seguridad ciudadana pese a pagar nuestros impuestos y ahora todas las subvenciones para realizar obras importantes, como va a pasar con el Plan Urban se enfocan al intramuro; lo entendemos porque hay muchas propiedades abandonadas, pero por una cosa o por otra en Medina y sus alrededores no se hace nada”, critica.
Ahora sólo les queda seguir esperando y confiar en que las administraciones atiendan de una vez por todas sus reivindicaciones.
Por su parte, el delegado de Seguridad, Javier Durá, y el jefe de la Policía Local, han confirmado en un comunicado que la Policía Local mantiene su presencia en calle Bodegas, Évora, Higueras, Doña Blanca, en lo que supone un perímetro de calles en torno a Medina, "en la que también se realizan labores de patrullaje", al igual que en la calle Larga. No se han registrado incidencias a reseñar en los últimos meses, coincidiendo con la activación de este dispositivo de Seguridad específico para la zona y en el entorno del establecimiento Cash&Converter.
No obstante, en su denuncia, tanto vecinos como comerciantes hacen referencia al dispositivo "permanente" y conjunto de ambos cuerpos, al margen de las patrullas que los efectivos realicen por la mencionada zona.
