Los presos políticos casi se han triplicado desde la llegada al poder del presidente chino, Xi Jinping, hace poco más de tres años, según un informe anual publicado hoy por una de las ONG en defensa de los derechos más activas del país.
Al mismo tiempo que China consolida su papel en el plano internacional, con iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) o la nueva Ruta de la Seda, en el país se estrecha cada vez más el espacio de las libertades, denuncia Chinese Human Rights Defenders (CHRD), con sede en Hong Kong.
La organización documenta en su informe anual que las autoridades chinas detuvieron en 2015 a 22 defensores de los derechos humanos como sospechosos de "crímenes políticos", acusados de incitar a la subversión contra el poder del Estado, una cifra que es igual a la suma total de las detenciones registradas los tres años anteriores (4 en 2014, 10 en 2013 y 8 en 2012).
Tan sólo en enero pasado, CHRD ya ha confirmado 11 casos de arrestos a ciudadanos acusados de subversión.
El número sólo recoge aquellos acusados de delitos "políticos", si bien la cifra de detenciones de defensores de los derechos humanos asciende a más de 700 en 2015, aquellos que, como mínimo, han pasado cinco días bajo arresto.
La cifra, no obstante, es inferior a la de 2014 (952), si bien la organización recela de este supuesto descenso y argumenta que en 2015 tuvieron muchas más dificultades para acceder a la información.
Bajo el mandato de Xi, la tortura y la impunidad de quienes la perpetran persiste y la represión se ha extendido a grupos que anteriormente contaban con el visto bueno del Gobierno, como feministas o trabajadores de ONG en defensa de grupos minoritarios, añade el documento.
En 2015, cinco de las feministas más activas en defensa de los derechos de la mujer fueron arrestadas 37 días, poco antes de que fueran a llevar a cabo una campaña para concienciar sobre las agresiones a mujeres en el transporte público, y de forma previa a la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
El año pasado también será recordado como el "ataque sin precedentes" contra abogados que trabajan en casos sensibles, destaca CHRD.
Esta campaña, cuya magnitud sembró el miedo entre miembros del colectivo, se llevó a cabo en julio y en ella fueron arrestados, interrogados o "hechos desaparecer" más de 300 abogados. Hoy más de una veintena siguen en manos de las autoridades y algunos ya han sido acusados de delitos de subversión, por el que pueden recibir una alta condena de cárcel e incluso cadena perpetua.
El presidente Xi Jinping se ha ido blindando, recoge CHRD, con nuevas legislaciones que justifican la represión de las libertades, como la Ley de Seguridad Nacional o la enmienda de la Ley Criminal que permite a los jueces echar de su tribunal a abogados o considerar su discurso en la corte como "insultante" o "amenazante", y castigarles por ello con hasta tres años de cárcel.
En 2015, además, se han producido numerosos juicios contra activistas, disidentes o reconocidos abogados, como Pu Zhiqiang, uno de los más ilustres letrados de derechos humanos en China, condenado a tres años de arresto domiciliario por siete mensajes breves que publicó en una red social en clave irónica.
