El encuentro mantenido el miércoles pasado por las máximas representantes de PSOE y PP en Cádiz, Irene García y Ana Mestre, para abordar la situación de la industria y el empleo ha sorprendido porque han expresado de manera conjunta su voluntad de diálogo y consenso en los asuntos prioritarios para la provincia justo cuando la crispación política alcanza su punto máximo de ebullición. Ambas dirigentes han acordado crear un grupo de trabajo que diseñará una estrategia con propuestas de futuro, a corto y largo plazo, para impulsar la recuperación y reactivación de la economía, seriamente dañada por la pandemia.
La iniciativa, sin embargo, no es novedosa. Con idéntico propósito se sentaron frente a frente hace siete años y en un ambiente no menos polarizado, el entonces presidente popular Antonio Sanz y la propia Irene García, ya como secretaria general del PSOE. Aquel primer intento de pacto por la provincia entre las dos fuerzas acabó como el rosario de la aurora.
La cita entre Sanz y García tardó casi seis meses en fraguarse. Planteado en junio de 2012 por la dirigente socialista, en plena crisis económica, se celebró el 13 de enero sin que ninguno de los dos protagonistas ocultara su recelos. La secretaria general del PSOE reprochó al líder del PP que propusiera fecha y lugar para verse a través de los medios de comunicación y, posteriormente, le afeó que informara a la prensa de las propuestas que lanzaría en la entrevista. “Si está pensando en el pacto para apuntarse un tanto político, no nos va encontrar en ninguna alianza”, advirtió. El líder del PP había lamentado que la secretaria general “está más preocupada en colgarse la medalla del yo fui primero que en sentarse a hablar de las cosas que realmente interesan y preocupan los ciudadanos”.
La desconfianza creció tras el cara a cara. Ni uno ni otro quiso detallar la conversación mantenida en el Hotel Tryp Caleta, mientras un centenar de ex trabajadores de Delphi reclaban la recolocación pendiente tras el cerrojazo de la fábrica un lustro antes.
Dos semanas después, Sanz explicó que se habían mantenido contactos “vía telefónica” y que los equipos técnicos de ambas formaciones habían mantenido algún contacto más para “proyectar hacia resultados” el diálogo iniciado, pero se afanó en que los titulares se hicieran eco de su preocupación ante los intentos de “una parte” del PSOE de “dinamitar” el acuerdo. Irene García salió de manera inmediata, y aseguró que el PP estaba buscando excusas para justificar la dificultad de alcanzar un consenso. Y reveló la principal discrepancia entre los dos partidos: los socialistas plantearon que participaran todos las formaciones políticas, agentes sociales y otros colectivos, como la propia Universidad sin éxito. El escollo parecía insalvable. Sanz replicó defendiendo “soluciones concretas frente a pactos globales vacíos de contenidos”.
Si, de facto, la línea de cooperación abierta quedó en vía muerta, el pacto se convirtió finalmente en arma arrojadiza. En plena polémica por los sobresueldos del PP, tras salir a la luz los papeles de Luis Bárcenas, la revelación por parte del propio Sanz de que cuatro ex altos cargos del ministerio de Industria de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero fueron imputados por el caso Bahía Competitiva y la acusación por parte de Antonio Saldaña, número dos del PP en ese momento, de que la gerente de IDEA, Rosa Mellado, también estaba siendo investigada, llevaron al PP a pedir la dimisión de Irene García por ocultar este extremo. Ésta acusó a Sanz de “convertir la provincia en un barrizal y la política en un teatro político para lavar su imagen” y reiteró que la clave estaba en la negativa popular de sumar nuevas voces a la negociación. De hecho, el PSOE planteó, de forma paralela, la creación de una mesa de alcaldes de la Bahía para reclamar carga de trabajo para los astilleros. El PP tambiénse negó en redondo. Y su presidente explicó que no era partidario de dar más participación porque si se incorporaban otras fuerzas al diálogo, se convertiría en un frente anti Gobierno del PP.
Finalmente, a finales de marzo, solo poco más de tres meses después de la cumbre provincial entre PP y PSOE, los populares decidieron “no dejar pasar más tiempo” esperando un acuerdo con los socialistas, y anunciaron que se pondrían a trabajar sin estos por la provincia, lanzando un mensaje de “tranquilidad” a los ciudadanos en el sentido de que el PP se basta y no necesita al PSOE.
Hasta ahora. Los dos partidos consideraron esta semana que es necesario arrimar el hombro juntos para superar los retos actuales, derivados de la crisis sanitaria, y encarar los desafíos futuros, teniendo en cuenta la situación de desventaja por el paro estructural que soporta la provincia. No han trascendido detalles, pero habrá que despejar dudas con respecto a si el resto de formaciones, agentes económicos y sociales y otras entidades participarán, como defendió hace siete años Irene García, o el documento con propuestas se elaborará bilaterlamente. También tendrán que salvar el escollo presupuestario. El Gobierno de Pedro Sanchez ha aprobado unas cuentas muy criticadas por el PP y, del mismo modo, el PSOE censura el proyecto de Juanma Moreno. Ambos se reprochan que no hay una apuesta decidida por la recuperación. La ruptura entre ambos partidos es total en el Congreso y en el Parlamento.
