El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha concluido este lunes la toma de declaración en calidad de investigados de los concejales del PP que en julio de 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se aprobaron por unanimidad los horarios y usos complementarios del Serrallo, un acuerdo que, según ha declarado la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, "no tiene nada que pueda ser delictivo, extraño o inusual".
Los últimos en cerrar esta fase de declaraciones en el conocido como 'caso Serrallo' han sido los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz y los exconcejales Juan Antonio Mérida, Vicente Aguilera e Isabel Nieto
Esta última ha señalado en declaraciones a los periodistas a su salida del edificio judicial de La Caleta que el acuerdo que está siendo investigado por el Juzgado "no tiene nada que pueda ser delictivo".
"Era un acuerdo en el que la Junta de Gobierno dispone que el parque tenga el mismo horario que los demás parques y que el uso de las edificaciones sea de restauración como el de todos los parques", ha defendido la exedil, haciendo hincapié en que "nadie", tampoco la oposición municipal, "protestó" por este trámite.
De hecho, Nieto ha enmarcado estas declaraciones en el trámite judicial que requiere atender a las últimas diligencias solicitadas por la acusación popular ejercida por el partido político VOX y ha mostrado sus "sospechas" de que ahora puedan reclamar que sean llamados a declarar el resto de ediles que pudieron apoyar en pleno acuerdos vinculados al caso.
Los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz han preferido no hacer declaraciones, aunque esta última ha opinado que "no es justo" que les llamen a declarar en esta causa.
Sí ha atendido a los medios tras comparecer ante el Juzgado el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Vicente Aguilera, que actualmente es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).
Ha dicho que no conocía en profundidad los aspectos que votaba, sino básicamente "el enunciado de los expedientes" y el plan parcial al que pertenecía, y que "siempre" se ha "fiado" de los informes técnicos que los funcionarios y los compañeros de otras concejalías "ponían encima de la mesa".
En su declaración ha incidido en que él no está preparado técnicamente para valorar esta clase de informes, lo que ha hecho extensible al expediente que le ha traído a este procedimiento.
Su abogado, Vicente Tovar, ha precisado que en cada Junta de Gobierno Local se vota una media de 80 o 90 puntos, en los que el secretario se limita a leer el enunciado, y ha incidido en que, dado ese volumen, los ediles no examinan todos los expedientes de otras concejalías ni conocen su contenido.
"Hay una confianza de partido, de un órgano colegiado (...) si el concejal de cada área les dice que está tramitado correctamente, tiene el informe del secretario, del técnico de urbanismo (...), la decisión de votar ahí es política no técnica", ha agregado el letrado, quien ha confiado en que no se abra juicio contra su cliente "al no tener nada de que ver con esa concejalía --la de urbanismo-- ni con este expediente". Aguilera ha culminado su intervención afirmando que cree "totalmente" en la inocencia de todos sus compañeros.
En el 'caso Serrallo' se investigan la supuesta comisión de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación al haberse supuestamente sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres "con una parcelación ilegal del mismo que ha permitido unas construcciones que, ni en su volumen ni en su destino (...) se ajustan al planeamiento general".
De hecho, la jueza cree que lo "contravienen y no respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo".
