El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha mantenido una reunión este martes en Madrid con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para entregarle el expediente relativo a la solicitud de autorización para la creación de una zona franca en el Puerto hispalense, un proyecto que el primer edil defiende como un "imán" para las empresas.
"Los terrenos portuarios en los que tenemos previsto su instalación ocupan 719.876 metros cuadrados, pertenecen al dominio público portuario del Estado y queremos que la zona franca sea una realidad cuanto antes" ha explicado en un comunicado el alcalde de Sevilla. En este sentido, Juan Ignacio Zoido ha señalado que "la idea no es otra que promocionar la actividad de comercio exterior y atraer a inversores que potencien el desarrollo industrial de la ciudad" y ha añadido que "para realizar dichas actividades será preciso contar con empresas prestadoras de servicios relacionadas con la actividad del transporte, carga, descarga, embalaje, desembalaje y cualquier operación accesoria o dependiente de las mismas".
MERCANCÍAS
Las mercancías con las que está previsto que se opere son mercancías de carácter general y, según defiende el Ayuntamiento, "son muchos los operadores económicos que han ido manifestando su apoyo al proyecto". El total del volumen aproximado de mercancía expresado en toneladas asciende a 1.733.990 toneladas, lo que en euros supondría 1.115.645 euros. Según ha explicado el alcalde, "esta zona que gozaría de facilidades financieras y tributarias permitirá que el puerto se convirtiera en una fuente de inyección económica y de nuevas oportunidades de empleo abriendo un horizonte de esperanza para Sevilla, utilizando su puerto como motor económico".
"Son muchas la empresa que ha mostrado su interés por instalarse en la zona franca, ya que son conscientes de que va a ser una inyección económica para la ciudad", ha defendido Juan Ignacio Zoido. Asimismo, el alcalde de Sevilla ha presentado a Montoro "el reglamento de régimen interior para la gestión y explotación de la zona Franca y los estatutos del consorcio, todo ello perfectamente consensuado con la autoridad portuaria". Dicho reglamento contiene seis capítulos que recogen que el alcalde presidirá la gestión de la zona franca, que los operadores accederán a ella previa autorización y supervisión de la Autoridad Aduanera, el derecho a acceso de los propietarios y consignatarios de las mercancías o las competencias de la Autoridad Portuaria en la liquidación y recaudación de las tasas y tarifas portuarias que se devenguen, tal y como marca la ley.
Dichos reglamentos también recogen que "los operadores económicos estarán obligados al subvenimiento de la manera conjunta de los gastos originados en los espacios comunes del recinto", toda vez que la distribución del porcentaje de la totalidad d gastos relacionados con el mantenimiento del recinto se hará en función de los metros cuadrados de la concesión otorgada al operador.
COMISARÍA CONJUNTA PARA EL TURISTA
El alcalde se ha reunido también con el ministro del Interior, Jorge Fernández, con el que ha acordado la creación de una comisaría conjunta de Policía Local y Nacional en el Patio de Banderas que funcionará como Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE). Con este fin, se firmará un convenio para la cesión de las instalaciones ocupadas anteriormente por Cuerpo Nacional de Policía.
En concreto, estas dependencias policiales de atención al turista, que contarán con expertos policiales e intérpretes, ofrecerán una asistencia personalizada e integral al visitante que sea víctima de cualquier infracción penal. Del mismo modo, han acordado también la firma de otro convenio para la cesión de la parcela del antiguo centro penitenciario de La Ranilla, propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA) y situada junto a la Jefatura de Policía Local, para su uso temporal como aparcamiento para este cuerpo.
Asimismo, en dicho encuentro Zoido y Fernández han avanzado en el convenio que permitirá que la Policía Local de Sevilla pueda realizar funciones de Policía Judicial y, por tanto, ampliar sus competencias haciéndose cargo de la investigación de delitos menores y faltas.
